Después de poco más de 10 años del comienzo de una guerra abierta contra el narcotráfico en México, una legislación está a punto de ser aprobada para legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Autogolpe de Estado”: así calificó la politóloga Denise Dresser a la llamada ‘Ley de Seguridad Interior’ durante una conferencia de prensa que reunió a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil y académicos de México.

Las organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, advirtieron que, de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, el Ejército tendría “carta abierta” para realizar tareas de fiscalía, detenciones e inteligencia, además de usar “cualquier método de recolección de información”.

Desde hace 10 años, el Ejército se ha visto envuelto en polémicas como la matanza del pueblo mexiquense de Tlatlaya en el 2014. También existen sospechas de que tuvo conocimiento en todo momento de la desaparición el mismo año de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México.

En la investigación periodística cadenademando.org, hay un análisis de las 34 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha hecho al Ejército desde el 2007 hasta la fecha. En las recomendaciones hay evidencia de que el 94 por ciento las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad. Y que en 18 casos de agresiones, el Ejército alteró escenas del crimen, a veces sembrando armas, en otras exhumando cuerpos de víctimas.

José Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), agregó que, del 2006 al 2014, las Fuerzas Armadas detuvieron arbitrariamente a 64 mil ciudadanos. Además, reveló cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2006 al 2011: se acumularon 390 quejas por desaparición forzada a manos del Ejército en este organismo.

También contó que ante la Fiscalía de México existen mil 273 denuncias contra las Fuerzas Armadas por torturas como golpes con armas de fuego en el rostro para confesiones, violación sexual, toques eléctricos y asfixia con bolsas de plástico.

La semana pasada, las imágenes de un helicóptero artillado de la Marina de México que abrió fuego en un barrio residencial del estado de Nayarit en plena noche recordaron escenas de guerra de Siria e Irak. Si bien la Marina de México abatió a ‘El H1’, líder del cartel de los Beltrán Leyva, durante todos los enfrentamientos murieron otras 15 personas. Como no existe una investigación independiente sobre el caso, no se sabe si todas las personas abatidas tenían que ver con el capo o no.

En octubre del 2016, el poderoso general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional, habló del cansancio de los militares por estar en las calles. “El marco jurídico pregúntenselo a los legisladores, no a mí; yo no hago leyes”, habría dicho en ese entonces.

El dictamen final de la Ley de Seguridad Nacional es desconocido por legisladores de partidos opositores, los cuales propusieron que el tema se discutiera de manera más amplia este miércoles 15 de febrero, informó el semanario ‘Proceso’.

“En lugar de regresar a los soldados, el Gobierno permite la cuartelización del país”, concluyó Dresser.

Académicos y activistas también advirtieron que, ante el escenario generalizado de asesinatos y la aparición de fosas en México, la nueva ley blindaría al Ejército para evitar que soldados puedan ser llamados a cuentas conforme a las leyes nacionales e incluso internacionales.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, advirtió que el concepto de “seguridad interior” que propone la nueva ley diluye la frontera entre la seguridad nacional y la seguridad pública; una característica de los “regímenes autoritarios”.

Alejandro Madrazo, del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas calificó el debate en torno a la Ley de Seguridad Interior como “una de las decisiones más importantes en décadas”.

 

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