Guadalajara, Jalisco. 

Un agente del Ministerio Público y un médico particular que fungía como perito forense, fueron vinculados a proceso. El primero está suspendido en sus funciones y el segundo no podrá ejercer como perito.

Ellos incurrieron en graves conductas que a punto estuvieron de generar que un caso quedara en impunidad. Ellos certificaron como suicidio un feminicidio y el agente del Ministerio Público procedió a archivarlo.

Tanto el MP Oscar N. como el médico José Fernando “N” fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público por el juez de Control de Colotlán, Ángel Uriel Lomelí Veloz.

Tales delitos se encuentran contemplados en en el artículo 146 fracción IV del Código Penal del Estado y en el artículo 154, fracción VII: ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los intereses de un negocio o cualquier persona.

La cadena de conductas graves comenzaron cuando el médico, que era contratado por evento, hacía funciones de forense avalado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco (IJCF) y se presentó a rendir un peritaje en el que asentó que la causa de la muerte de una joven residente del rancho El Bajío, en Cuexcomatitlán comunidad Wixárika ubicada en Mezquitic, era suicidio.

El agente del Ministerio Público avaló en actuaciones la determinación del médico. Se presentó una denuncia, en las indagatorias se confirmó que la necropsia fue simulada y la mujer no se suicidó sino que se trató de un feminicidio, y por tanto nunca se aplicó el protocolo para tal caso, por lo que la mujer fue revictimizada.

El Juez Ángel Uriel Lomelí fijó como medidas cautelares para Oscar “N”, la suspensión del cargo, no salir del municipio de Zapopan ni del estado y presentarse ante el juez cada 15 días, durante seis meses.

En tanto, José Fernando “N” tendrá que presentarse cada 15 días ante el juzgado de Paz de Huejuquilla el Alto, no podrá salir del país, y en su caso no aplicó la suspensión debido a que no labora para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ni para el Ayuntamiento.