Washington, Estados Unidos. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes ocuparse de la demanda de cuatro grupos defensores del medioambiente contra las atribuciones del Gobierno del presidente Donald Trump para construir un muro a lo largo de la frontera con México con el propósito de contener la migración ilegal.

Desde su campaña en las elecciones de 2016 y su gestión en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la construcción de una muralla a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de la frontera de EEUU con México y hasta ahora su Gobierno ha completado obras en unos 320 kilómetros.

El Centro para la Diversidad Biológica, el fondo de Defensa Legal de los Animales, los Defensores de la Vida Silvestre y el Centro Ambiental del Suroeste alegan que las obras perjudicarían los hábitat de vida silvestre poniendo en peligro especies como el puma, el lobo gris mexicano y los vacunos.

Trump también prometió que México pagaría por la construcción del muro y, en ausencia de esa contribución, el mandatario ha recurrido a fondos ya asignados por el Congreso para obras militares.

El Tribunal Supremo autorizó el año pasado al Gobierno para que usara esos fondos del Pentágono en el reemplazo de barreras a lo largo de la frontera en Arizona, Nuevo México y California.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), dictaminó la semana pasada que el desvío de 2 mil 500 millones de dólares de fondos asignados al Pentágono violó la Constitución y es ilegal.

Esta decisión respondió a las demandas iniciadas por California y a la cual se sumaron varios estados.

El caso se remonta a junio de 2019, cuando un juez federal de Oakland (California) bloqueó por primera vez esta partida presupuestaria para la construcción del muro, una decisión que la Administración Trump recurrió y pidió amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decidía el caso judicialmente.

Un mes después, en julio, y en una ajustada decisión por cinco votos a cuatro, el máximo tribunal de EEUU accedió a la petición del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizaran los 2 mil 500 millones, pero no entró a valorar la legalidad de la desviación del dinero asignado al Pentágono.

Con la decisión de este viernes por parte del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -la instancia judicial inmediatamente inferior al Supremo-, por tanto, se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores y el caso se trasladará con toda probabilidad de nuevo al Supremo, que esta vez sí deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.