Quito, Ecuador.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas negó el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Paúl Adolfo T. M. y ratificó la sentencia condenatoria de tres años de prisión por el delito contra la flora y fauna silvestres en un caso de sustracción de 123 crías de tortugas gigantes del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, informaron la Fiscalía General del Estado y el Parque Nacional Galápagos.

Detalles confirmados por Fiscalía y Parque Nacional

El Ministerio Público anotó que la decisión confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de primera instancia, que declaró la responsabilidad del procesado por la sustracción de las 123 crías de tortugas gigantes, registrada el 28 de septiembre de 2018, en Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos.

Sin embargo, una fuente de la Fiscalía informó este miércoles a EFE que el caso aún no está cerrado pues "para ejecutoriar la sentencia debe pasar por una fase más que es la casación ante la Corte Nacional de Justicia".

"Además de la pena privativa de libertad, la Sala confirmó la multa de diez salarios básicos unificados y el pago de 669.000 dólares como reparación integral al Parque Nacional Galápagos

...Por los gastos generados en la crianza y cuidado de las especies afectadas", agregó.

Investigación y mecanismo del tráfico

La investigación se inició tras la denuncia presentada por autoridades del Parque Nacional Galápagos.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía recopiló audios y registros telefónicos que evidenciaron la comercialización clandestina y vincularon al sentenciado con una presunta red de tráfico de sustracción de ejemplares de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, así como su posterior comercialización en el mercado clandestino.

Según la Fiscalía, el mecanismo consistió en sustituir tortugas del Centro de Crianza —identificadas mediante un sistema de marcado con hierro candente— por ejemplares silvestres sin identificación, marcados manualmente para evitar alertas.

Este caso fue procesado por el delito contra la flora y fauna silvestres, tipificado en Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sancionaba con pena privativa de libertad de uno a tres años el transporte, tenencia y porte de especímenes de flora y fauna silvestres terrestres de especies amenazadas o en peligro de extinción.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos, declarado desde 1978 por la Unesco Patrimonio Natural de la Humanidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.