Guadalajara, Jalisco

La renuncia irrevocable de Paula Ramírez a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco no la exime de responsabilidades y tendrá que responder por las irregularidades detectadas en el proceso electoral 2024, afirmó la dirigente estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez.

"Jalisco merece autoridades electorales que generen certeza, no incertidumbre; que generen confianza, no sospechas; legitimidad, no cuestionamientos permanentes.

Y que quede claro: Morena no ha hecho ninguna presión de ningún tipo, más que jurídica, lo que nos da la responsabilidad de tener un marco legal donde vamos a seguir expresando y señalando lo que está mal hecho.

Porque el Instituto Electoral debería de ser un instituto para la ciudadanía, para darle legitimidad a los procesos electorales y no para ayudar a algunos políticos".

La dirigente estatal sostuvo que la dimisión no representa una prueba de fraude electoral, pero consideró que se presenta en un contexto donde aún existen cuestionamientos sobre decisiones tomadas por la autoridad electoral.

Indicó que su partido recurrió a mecanismos legales para solicitar la revisión de la actuación de integrantes del organismo durante los comicios pasados.

“Hoy aún persisten cuestionamientos sobre la actuación del organismo electoral durante el proceso 2024, resulta inevitable preguntarse por qué quienes tenían la responsabilidad de dar certeza a la ciudadanía comienzan a abandonar el cargo antes de que concluya el debate público sobre lo ocurrido.

Lo decimos con responsabilidad no estamos afirmando que existe un fraude electoral, lo que afirmamos es que hubo hechos que sembraron dudas legítimas y decisiones cuestionadas”

Añadió que Morena se mantendrá atento a la resolución de los procedimientos internos sancionadores que se siguen ante el Instituto Nacional Electoral y reiteró su demanda de transparencia y rendición de cuentas.

• También aseguró que las acciones emprendidas por el partido se han realizado por la vía jurídica y con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.