Guadalajara, Jalisco.

El Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco expresó su rechazo al recorte de 75% que aplicó el gobierno federal al gasto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que afecta a 7 mil 200 víctimas, quienes se atienden mensualmente en los Centros de Atención Integral a Víctimas en los 32 estados del país.

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco, dijo que una vez que se conoció que el Decreto de Austeridad del Gobierno Federal del 23 de abril pasado implica ese recorte de dinero, reprueban la decisión, la que además consideran que “es ilegal”.

“Es totalmente injusto” la determinación que tomó el gobierno federal, ya que se afecta en forma directa a 7 mil 200 víctimas, en un contexto de terrible crisis de violencia que se vive en forma generalizada en México.

Desde el 3 de junio, el Colegio de Profesionales de la Psicología hizo llegar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con copia a la Secretaría de Gobernación, para que en forma inmediata se busquen las alternativas necesarias y urgentes para otorgar los recursos necesarios a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que esta pueda cumplir óptimamente sus responsabilidades.

Gutiérrez Rodríguez dijo que “es inaceptable” que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cuente con los recursos para pagar las rentas de las instalaciones de los 32 Centros de Atención Integral a Víctimas, los salarios de 603 colaboradores, entre psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados, los servicios telefónicos y de internet.

Tampoco se tiene dinero para dar apoyos económicos para la alimentación y el alojamiento de muchas víctimas. Así, las personas víctimas de trata de personas, de tortura, los familiares de personas desaparecidas, entre otras, se verían ahora victimizadas con violencia institucional ya que la Ley General de Víctimas obliga al estado a efectuar acciones concretas para garantizar su protección, atención y reparación del daño y esta situación limita esta obligación gubernamental.