Guadalajara, Jalisco.

Para evitar que los parques, áreas verdes y espacios públicos sean desincorporados para venderlos, urbanizarlos o para construir equipamiento urbano, la Red de Parques, Áreas Verdes, Barrancas y Ríos y el Instituto de Derecho Ambiental A.C. (Idea) propone al Congreso del Estado un “paquete” de cinco reformas, que incluye no criminalizar a los activistas y defensores del medio ambiente y del territorio.

Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Idea A.C., dijo que una de las cinco reformas propuestas busca añadir una fracción al Artículo 77 de la Constitución del Estado, para no permitir que el Ayuntamiento pierda terrenos frente a proyectos de infraestructura municipal.

“Porque no es posible que los gobiernos municipales desincorporen propiedad pública destinada a estos espacios públicos y después dejen el problema a los ciudadanos, porque se les ocurrió un periférico, se les ocurrió un distrito Iconia, vasos reguladores, al parque Metropolitano quitarle infraestructura a la parte de vialidad de las colonias aledañas, etcétera. Eso no puede seguir pasando”, advirtió.

Se planteó que el Código Urbano del Estado obligue a los nuevos desarrollos inmobiliarios a donar espacio para parques y jardines y áreas verdes, además de evaluar el “estrés hídrico”, entendido como la situación que se produce cuando la demanda de agua supera la que hay disponible.

Aseguró que es “inaceptable” que hoy quien cumpla los requisitos obtiene permisos para construir una torre de departamentos, y no se le obliga a revisar el “estrés hídrico” en el subsuelo.

“Sin duda alguna, el catálogo de derechos se ha ampliado y nosotros tenemos derecho a ciudades sustentables, resilientes y sanas, que garanticen el derecho a vivir en un medio ambiente sano, al hábitat, a la sustentabilidad, al acceso equitativo de los recursos hídricos, etcétera”, indicó.

Raquel Gutiérrez dijo que esta administración estatal ha diseñado una estrategia para entablar demandas legales en contra de los activistas que defienden sus derechos, lo que “debe terminarse” y para ello plantean cambios al Código Civil y al Código Penal.

La idea es que cuando un Gobierno o una empresa inmobiliaria quieran interponer un juicio por “daño moral” como una forma de intimidación, se haga una excepción para el caso de los activistas.