Managua, Nicaragua.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, eligió este jueves a la sandinista Darling Ríos Munguía como nueva procuradora de Derechos Humanos, cuando el país atraviesa su peor crisis sociopolítica en décadas.

Ríos fue elegida para el cargo con 72 votos de los diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de un total de 92 posibles.

La nueva procuradora de Derechos Humanos asumirá el puesto de su predecesora Corina Centeno, también sandinista, y quien únicamente reconoció como víctimas de la crisis el dato suministrado por el Gobierno, 200, y no las 328 mínimas reportadas por organismos humanitarios nacionales e internacionales.

Debido a su afiliación sandinista, y a su condición de exdirigente de la Juventud Sandinista, una organización dependiente del FSLN, no se espera que Ríos, de 27 años, reconozca más víctimas, o que inicie investigaciones sobre el asesinato de opositores durante la crisis.

La recién nombrada procuradora fue propuesta por el presidente de la Comisión de Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, de la Asamblea Nacional, Filiberto Rodríguez, a quien la oposición acusa de ser un supuesto "jefe de paramilitares", señalados de cometer ejecuciones selectivas en Nicaragua.

Los sandinistas también eligieron como subprocurador a Adolfo Jarquín, de 37 años, quien ha heredado el cargo de su papá, del mismo nombre, un antiguo opositor convertido al sandinismo, fallecido en agosto pasado.

Ríos y Jarquín fueron juramentados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional este mismo jueves, para ocupar por primera vez un puesto importante en la defensa de derechos humanos.

Según las leyes de Nicaragua, para ocupar dichos cargos los nominados deben "tener reconocida trayectoria y vocación en la defensa y promoción de los derechos humanos".

Rodríguez afirmó que ambos cumplían todos los requisitos para ser nombrados.

La crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio, debido a los ataques armados del Gobierno contra manifestantes.

La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha mostrado su apoyo a las acciones del Gobierno, desde el inicio de la crisis.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han responsabilizado al Gobierno del presidente Daniel Ortega por la violencia en Nicaragua.

Nicaragua no vivía un conflicto de este nivel desde los años 1980 a 1990, también bajo mandato de Ortega.