Por: Aurora Quijas

En rueda de Prensa virtual El Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y Organización de la Sociedad Civil, manifestaron sus exigencias en torno al caso de la menor que sufrió abuso sexual por parte de un funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta.

Sandra Quiñones, Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Puerto Vallarta, mencionó cuales son las exigencias para el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la Fiscalía de Estado de Jalisco al respecto de las investigaciones del caso de la menor.

“Para determinar quienes pudieran estar relacionados de manera de protección a este exfuncionario, porque sí hemos detectado en carpeta que se movía en ciertas zonas, esto por algunos datos que hemos encontrado, a quienes les corresponde son tanto el Ayuntamiento informar si este funcionario en el tiempo que estuvo laborando para la dependencia contraloría o alguno de los jefes recibió quejas por abuso por agresiones sexual tanto trabajadoras como a usuarias”.

Guadalupe Ramos, Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, señaló que piden que entorno a la situación del caso se realice el debido proceso en los Derechos Humanos con los probables responsables de las omisiones de faltas, esto con la finalidad de que no se pierda el acceso a la justicia.

“También se cuide el debido proceso y que no se cometan violaciones a los Derechos Humanos de aquellas personas que estamos señalando como probables responsables de las omisiones de faltas, omisiones o delitos porque violentar sus derechos humanos también significa el no acceso a la justicia”.

Guadalupe Ramos, Coordinadora de CLADEM, señaló que dentro de las exigencias que solicitan es que se haga una normativa y una reforma integral en el Congreso del Estado.

“Las víctimas en estos casos tardan más o menos un promedio de 20 años en algunas de ellas para poder expresar, para hablar sobre aquello que vivieron en muchos casos en situaciones de esa época de su niñez y ya hasta adultas pueden tratar el tema hablar de terapia etc. cuando el delito ya prescribió”.

Por último, las Organizaciones de la Sociedad Civil mencionaron que la menor se encuentra recibiendo atención psicológica y la familia de la víctima comenzará a recibir terapia.