Ginebra, Suiza

Un experto de Naciones Unidas pidió el viernes justicia a las autoridades hondureñas por la masacre de trabajadores en una plantación de palma en el norte del país, a la vez que reclamó reparaciones para las familias de las víctimas.

La matanza tuvo lugar a mediados de mayo en Rigores, en la conflictiva región del Bajo Aguán, donde bandas rivales se enfrentan por el control de las plantaciones de palma y las rutas del narcotráfico.

Un total de 14 hombres, tres mujeres y tres niños fueron brutalmente asesinados por hombres armados presuntamente vinculados a grupos criminales, señaló en un comunicado Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

"La sociedad hondureña no puede aceptar que una tragedia de esta magnitud permanezca sin esclarecer y sin sanción", insistió.

Acciones de la autoridad y avances en investigación

En junio, las autoridades hondureñas anunciaron el arresto del presunto autor intelectual de los asesinatos.

Carlos Molina, conocido como El Gato Negro, es sospechoso de haber planeado y brindado apoyo material para la masacre, afirmó a la prensa el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.

Al menos seis personas llevaron a cabo la matanza, pero ninguna de ellas ha sido detenida.

"El Gobierno de Honduras tiene la obligación de llevar a los responsables ante la justicia, proporcionar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de ataques contra las comunidades campesinas", argumentó Tidball-Binz.

Los relatores especiales son expertos independientes a quienes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encomienda la tarea de informar sobre sus hallazgos, motivo por el cual no hablan en nombre de la institución como tal.

"Ninguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia", señaló.

El Congreso aprobó recientemente una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

• Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permiten catalogar a pandillas y cárteles de la droga como grupos terroristas.