La representación por Jalisco propuso en la Cámara Alta se cree una Comisión Especial de Seguimiento a la Política Nacional de Vacunación esto ante lo que señalan como una necesidad de hacer llegar información sobre esta política a la sociedad, así como vigilar su implementación y evaluar el pleno cumplimiento de la misma.
Ante el pleno del Senado el jalisciense Alberto Galarza Villaseñor propuso que sea integrada con representación de cada una de las fracciones de la cámara, que sea presidida de manera rotativa bimestralmente y señaló que esta Comisión podría llamar a comparecer a funcionarios involucrados en la campaña para tener información de primera mano, destacó que al estar en medio de un proceso electoral existe la sospecha por la inclusión del personal Servidores de la Nación y del riesgo que esto representa de que se pueda hacer un uso político del aplicación de las vacunas, que el Senado debe tener acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas al respecto.
Galarza Villaseñor destacó que México pasa por un momento de crisis económica, de salud y de seguridad que requiere de certezas para los ciudadanos sobre el correcto desarrollo de la política y del plan nacional de vacunación, mencionó que el objetivo del punto de acuerdo presentado busca abonar a la transparencia y a una correcta aplicación encaminada a poder mejorar políticas públicas como esta al poder evaluarla y proponer nuevas estrategias de mejora.
En su llamado a los integrantes de la Cámara de Senadores Alberto Galarza Villaseñor destacó que no se trata de politiquería sino de un tema de Estado al que el Senado debe darle seguimiento y fiscalizar de manera puntual y oportuna.
Esta Comisión Especial estará vigente en tanto continúe la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra la Covid-19, por lo que podrá prorrogarse su funcionamiento una vez concluida la LXIV Legislatura, además presentaría informes generales bimestrales de lo realizado en cada periodo e informes específicos a la Junta de Coordinación Política, los recursos humanos y financieros serían asignados con base en las posibilidades presupuestarías disponibles del Senado de la República.