Ciudad de México, México.

El Gobierno de México se sumó a la Iniciativa Global contra Redes de Pesca Fantasma (GGGI, en inglés) para avanzar en la protección de los océanos y cumplir con el tratado comercial compartido con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este miércoles la Secretaría de Economía.

Los objetivos de la iniciativa, firmada el pasado 20 de octubre, consisten en mejorar la situación de los ecosistemas marinos y proteger a la fauna del daño generado por estas redes, así como contribuir a la salud y los medios de vida de las comunidades humanas.

Las redes fantasma son todos los dispositivos de pesca que terminan, por muchos motivos, en los océanos de todo el mundo, poniendo en peligro a miles de especies, a la economía mundial y a las necesidades alimentarias.

La adhesión de México se decidió tras un periodo de consulta coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que incluyó, además de a Economía, a las dependencias de Marina, Agricultura y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), las redes fantasma constituyen la forma más letal de plástico marino, ya que capturan la vida silvestre de manera no selectiva y ocasionan su muerte.

Según esa organización, entre 0.5 y 1 millón de toneladas de equipos de pesca se abandonan o se pierden en el océano cada año.

Por la gravedad del problema, el T-MEC, que entró en vigor en los tres países de Norteamérica el pasado 1 de julio, incluyó un compromiso específico para tomar medidas que prevengan y reduzcan la basura marina.

La Secretaría de Economía aseguró que la incorporación de México a la GGGI -organización de la que ya forman parte Estados Unidos y Canadá- refleja la voluntad del país por proteger los océanos, así como la intención de cumplir con las obligaciones ambientales asumidas en el T-MEC.

La GGI fue creada en 2015 y, con México incluido, aglutina a 17 países costeros de distinta relevancia geoestratégica, además de participantes de la industria pesquera, académicos, actores del sector público y privado, organizaciones intergubernamentales y miembros de la sociedad civil.