Brasilia, Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó reinstaurar una comisión especial sobre crímenes durante la dictadura militar (1964-1985), suprimida por su antecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro.

El decreto publicado el jueves deja "sin efecto" la resolución que dio por terminada la labor de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y declara "la continuidad de las actividades".

La comisión, creada en 1995 para investigar la represión política durante la dictadura y reparar a las víctimas, fue eliminada por Bolsonaro, un excapitán del Ejército y ferviente defensor del régimen militar, dos días antes de terminar su mandato a fines de 2022.

Según cifras oficiales, la represión política dejó al menos 434 muertos y desaparecidos en Brasil entre 1946 y 1988, décadas convulsas que incluyeron la dictadura.

El número de víctimas es considerablemente menor al que dejaron gobiernos de facto en otros países latinoamericanos como Chile (3.200) o Argentina (30.000, según organizaciones defensoras de los derechos humanos).

Pero ese balance no incluye a centenares de víctimas de milicias creadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por parte del Estado.

A diferencia de Argentina, que juzgó a los agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante la dictadura (1976-1983), en Brasil el capítulo se saldó con una Ley de Amnistía de 1979.

El ministro de derechos humanos brasileño, Silvio Almeida, elogió la iniciativa de Lula como "un paso importante para garantizar la memoria, la verdad y la justicia".

Con su reconstitución "se continuará el trabajo ilegalmente interrumpido por la anterior gestión de búsqueda e identificación de muertos y desaparecidos", agregó en un comunicado.

El instituto de derechos humanos Vladimir Herzog celebró la decisión, pero dijo que se trata de un "primer paso".

La comisión "quedó abandonada por un largo período y en los últimos años sufrió ataques y desmantelamientos sistemáticos que contribuyeron para el sufrimiento innecesario de los familiares de desaparecidos", afirmó la organización.

"El Estado brasileño todavía debe avanzar en la creación de otros mecanismos de reparación", añadió.

• Organizaciones de derechos humanos criticaron a Lula por suspender los actos oficiales del 31 de marzo, día del 60º aniversario del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart (1961-1964) e instauró un régimen autoritario.

El izquierdista argumentó que el golpe de 1964 "ya forma parte de la historia" y dijo estar "más preocupado con el golpe del 8 de enero de 2023".

Ese día, miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, llamando a los militares a deponer a Lula, una semana después de su asunción.

Bolsonaro y varios de sus ministros son investigados por participar en un presunto "plan de golpe de Estado" para mantenerse en el poder tras su derrota en los comicios de 2022.