La CEDHJ emite recomendación contra cárceles municipales de 125 municipios




Guadalajara, Jalisco. 

Las 125 cárceles municipales del estado enfrentan serios problemas que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco puso en evidencia, lo más grave al menos 21 muertes ocurridas ahí en tres años.

Advierten de que en ellas se encarcela tanto a hombres como mujeres, sin separarlos, carecen de personal médico y de medidas de vigilancia y seguridad, la mayoría no cuentan con cámaras de video y se permiten todo tipo de abusos.

Todo lo anterior lo consignó en la recomendación general 2 del 2020 y donde habla de las recomendaciones emitidas al respecto en los últimos diez años.

Se dio a conocer que en los últimos tres años se reportan cinco homicidios y 16 suicidios. Cuatro de los asesinatos fueron en Zacoalco de Torres y uno Ixtlahuacán de los Membrillos.

Pero demás: Son recurrentes los tratos degradantes, la tortura y los abusos contra las personas privadas de su libertad.

Hay carencia de personal médico y psicológico adscrito a los centros de detención municipal. Falta personal para garantizar el acceso a la justicia administrativa. En la mayoría de los casos los jueces son insuficientes.

Hay violencia institucional hacia las mujeres por la falta de procesos y espacios adecuados con perspectiva de género.

Falta vigilancia y observancia en el cuidado de las personas detenidas, algunas de ellas en situación de crisis debido al consumo de algún enervante o estado de depresión mental. Insuficientes dispositivos de videovigilancia dentro de los separos. El monitoreo es deficiente.

La recomendación considera que los 125 gobiernos municipales deben de atender ese rubro, pero además la Secretaria General de Gobierno debe de ser vigilante de ello; mientras diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco deben de iniciar un proceso de armonización legislativa que permita a las cárceles municipales contar con una normativa que favorezca el cumplimiento de los ejes rectores de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.