Guadalajara, Jalisco

Ciudadanos que observan el inicio y desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción compuesto por cuatro entidades gubernamentales entre la auditoría, contraloría del estado y los órganos internos de control del poder legislativo y el judicial, sentaron a rendir cuentas a sus representantes.

El diálogo se tornó en justificaciones sobre por qué no hay flujo de los recursos suficientes, o que, si no hay denuncia específica de actos de corrupción, no pueden emprender ninguna acción en la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

Uno de los temas señalados por el Observatorio Ciudadano fue el de los amparos promovidos por trabajadores de la fiscalía especializa en combate a la corrupción contra irregularidades laborales. De ahí emergió que para el presupuesto de 2020 no se tenía certeza del etiquetado, pero se mencionó que es menos al de este año, y queda en 9 millones de pesos.

María Teresa Brito contralora del Estado, explicó que apenas acaban de reunirse con el gobernador.

Durante dos horas entre los funcionarios de gobierno y organismos autónomos, explicaron a los ciudadanos que conforman el observatorio los impedimentos para funcionar, y retos como corregir el atraso de dos años de modificar en el código penal de Jalisco los delitos de corrupción, para que no saturar a la fiscalía especializada con expedientes y denuncias.

Salvo los cinco integrantes del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción que hicieron preguntas, al diálogo abierto acudieron académicos y servidores. Hubo notoria ausencia de otros grupos, colectivos y representantes sociales.