Ciudad de México, México.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció este jueves una investigación al juzgado que liberó a José Angel Casarrubias Salgado, alias "El Mochomo", presunto implicado en el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

La indagatoria se anuncia tras el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por la mañana acusó de corrupción al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el estado de México, responsable de la decisión.

El CJF detalló que la denuncia interna es sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos, con la que trata de deslindar responsabilidades de "manera contundente".

"En este caso, información que ha llegado al CJF amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal", indicó en un comunicado.

La investigación ocurre después de que el juzgado liberó este miércoles a "El Mochomo" por falta de pruebas, aunque fue recapturado de inmediato por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que ya lo esperaban con una nueva orden de presentación.

Casarrubias está acusado de ser uno de los jefes del cartel de Guerreros Unidos y es uno de los principales sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

Su liberación causó la indignación del presidente López Obrador, quien por la mañana aseguró tener pruebas de que "hubo corrupción" y "dinero de por medio" en el juzgado que ordenó su libertad.

"Puedo decirles que la libertad de este señor, presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado en donde se le otorgó la libertad", aseveró.

Aclarar el caso de Ayotzinapa es una de las principales promesas del presidente.

La versión oficial del Gobierno anterior afirma que los 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Investigadores independientes descartaron la hipótesis de la quema de los cuerpos, por lo que López Obrador reabrió las investigaciones al crear una comisión de la verdad para resolver el caso.

A inicios de marzo, firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR para esclarecer la desaparición de los estudiantes.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advirtió este jueves que seguirá con una "política de cero tolerancia a la corrupción" dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del PJF que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada", aseveró.