HRW advierte que tratado de cibercrimen aprobado en ONU facilitará vigilancia y represión
Fotografía de archivo de expertos en computación que participan en una competencia sobre los desafíos de la ciberseguridad. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo




Naciones Unidas.

La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este viernes que el tratado global para la lucha contra el cibercrimen aprobado el jueves a última hora en la ONU facilitará la vigilancia y la represión, lo calificó de "desastre para los derechos humanos" y pidió a la comunidad internacional no ratificarlo.

"El tratado global de cibercrimen que la ONU ha adoptado será un desastre para los derechos humanos de la gente de todo el mundo. Los estados miembros han creado una herramienta de vigilancia sin precedentes sin protecciones adecuadas", dijo en una nota Deborah Brown, directora adjunta de tecnología y derechos de HRW.

El tratado, cuyo texto final fue aprobado por unanimidad tras tres años de negociaciones, busca "prevenir y combatir la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz", especialmente en lo que respecta a abuso de menores y blanqueo de capitales, pero ha recibido críticas de numerosas oenegé, activistas y empresas por sus repercusiones.

El texto fue elaborado por un comité 'ad hoc' de la ONU que se dedicó a negociar diferentes puntos de fricción arduamente en las últimas dos semanas, lo que culminó en la adopción del borrador final ayer por unanimidad, que ahora tendrá que ser sometido a voto en la Asamblea General para su entrada en vigor.

La Asamblea General tendrá lugar a finales de septiembre.

"Los Gobiernos deberían tomarse sus obligaciones de derechos humanos seriamente y rechazar firmar o ratificar este tratado", dijo HRW, cuya oposición era compartida hoy por otras entidades.

Un centenar de empresas tecnológicas, entre ellas Meta y Microsoft, bajo el lema "Cybersecurity Tech Accord" (pacto tecnológico de ciberseguridad) instaron al comité ayer en una carta a no aprobar un borrador final sin hacer cambios a los puntos de mayor preocupación.

  • Nick Ashton-Hart, uno de los representantes del grupo, lamentó en su cuenta de X que no se "resolvieron" los problemas señalados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que podrían llevar a la "criminalización de actividad protegida" defensores de los derechos humanos, investigadores o niños.