Caracas, Venezuela.
El presidente de Guyana, Irfaan Alí, aseguró este martes que las declaraciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, son una "amenaza directa" contra su país, y rechazó las medidas que anunció el mandatario venezolano sobre el territorio que le reclama a Georgetown.
- "Esta es una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Guyana", dijo Ali después de que Maduro ordenara a la estatal petrolera PDVSA entregar licencias para explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y que es administrada por Georgetown.
Que se proceda "a crear la división PDVSA-Esequibo", y que de "inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área", dijo Maduro el martes en una reunión con el alto gobierno para anunciar una serie de medidas para "recuperar" el Esequibo.
- Alí anunció que el miércoles llevará "el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo tome las medidas apropiadas".
También informó que se comunicó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el Comando Sur de Estados Unidos para informarles de lo ocurrido.
"No permitiremos que se viole nuestro territorio, ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta amenaza desesperada", apuntó Alí.
El gobierno venezolano planea implementar un conjunto de acciones para "recuperar" el Esequibo tras las celebración del referendo del pasado domingo en el que se consultó a la población si Caracas debe seguir con su reclamo sobre la región en disputa.
En la consulta participaron más de 10,4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral, y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más de Venezuela, un resultado que no cambia en nada el litigio que ambos países tiene en la CIJ sobre la región, cuya jurisdicción Caracas rechaza.
El movimiento del gobierno chavista llegó después de que Guyana otorgara permisos de exploración a seis empresas y que Caracas denunció por ser concedidas en "aguas pendientes por delimitar".
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