Villa Guerrero, Jalisco.
Un conflicto agrario entre comuneros tepehuanes y wixárikas, propiciado por la lentitud del Tribunal Agrario número 16, ha desatado violaciones graves a los derechos humanos en San Lorenzo Azqueltan ubicado en Villa Guerrero, Jalisco.
Hace dos días un grupo de defensores de derechos humanos emprendió una Misión de Observación para escuchar los testimonios de miedo que se desprenden de dos desapariciones a manos de particulares, en medio de un conflicto donde el presidente municipal, también lleva parte. Quetzal Prado abogada acompañante de quienes denuncian, explica que hay detrás de la violencia que enfrentan pueblos indígenas.
La Misión de Observación encabezada por la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), también se reunió con el gobernador Aristóteles Sandoval y autoridades universitarias de la que se iniciarán mesas de trabajo para resolver lo legal, la inseguridad y la parte de carencia social.
No omitieron aseverar que el presidente municipal, Aldo Gamboa Gutiérrez quién busca reelegirse en este periodo electoral, es quien promueve la violencia contra las comunidades que se oponen al despojo.
Fernando Ríos secretario ejecutivo de la Red TDT, expuso las preocupaciones electorales.
Dos comuneros, Catarino y Noe Aguilar, fueron desaparecidos por particulares a 7 kilómetros de la cabecera municipal Villa Guerrero, pero un pequeño propietario del pueblo de Isolta está desparecido desde el 5 de mayo.
Ramiro Reyes representante agrario de San Lorenzo Azqueltan, narró el miedo con el que viven tanto los tepehuanes como los wixárikas desde el revanchismo que los ataca al defender las tierras que les pertenecen desde 1737.
Esa actitud de abuso por parte de las autoridades municipales, en medio de un control del territorio a manos del crimen organizado en el triángulo que conforma Mezquitic, Bolaños y Totatiche, el juicio agrario 38 no resuelto por el Tribunal Agrario del Distrito 16, deja en vulnerabilidad a familias poseedoras de 38 mil 240 hectáreas.
Hasta el momento hay 15 denuncias por despojo ante el ministerio público de Villa Guerrero, dos denuncias por intento de homicidio, y un acumulado de amenazas.