Guadalajara, Jalisco.

El lunes pasado la Suprema Corte avaló la NOM 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público y sólo presente por escrito su dicho de querer interrumpir el embarazo.

En teoría, en las clínicas públicas donde se presentan menores de edad o incluso mujeres adultas con un embarazo no deseado, resultado de un ataque sexual, están en su derecho de interrumpirlo por la vía más adecuada a su situación de salud, sin haber acudido a una fiscalía a formalizar la denuncia; también la clínica debe brindar apoyo psicológico.

La diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña celebra la determinación de la corte sobre la controversia.

Para acceder a la interrupción legal del embarazo, la modificación a dicha norma establece que en el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto del padre y/o la madre, o a falta de estos, por su tutor.

El personal de salud no está obligado “a verificar” el dicho y solo proceder. Sin embargo, un impedimento o un proceder que entorpece el pleno ejercicio de derechos en la niñas, adolescentes y mujeres, son los “objetores de conciencia” del personal médico que se niega a interrumpir el embarazo por razones personal y morales. A esto la diputada federal agrega que ya presentó una iniciativa al respecto.

La Diputada federal originaria de Tlaquepaque sostiene que en sus agendas de campaña siempre ha sido ver por los derechos de niñas, niños y adolescentes por lo que el grupo parlamentario del PRD, en la cámara propuso recrudecer las penas contra la pederastia; sostiene que un tercio de la población, 32 millones de personas, están en vulnerabilidad al ser menores de edad en riesgo de sometimiento por parte de jerarcas, crimen organizado y malas prácticas en centros de salud.