Guadalajara, Jalisco.

En Jalisco, los deudores alimentarios, abusadores y acosadores con sentencia condenatoria no podrán aspirar a ocupar un cargo político en las próximas elecciones.

La diputada panista, Mirelle Montes Agredano argumentó que la reforma a la Ley 3 de 3 contra violencia aplica para los aspirantes a gobernadores, presidentes municipales y legisladores.

“Fue una reforma que se estuvo trabajando desde hace más de un año con Lolis. Ella presentó su iniciativa y yo la mía y Justo el jueves pasado se publicó en el periódico del estado de Jalisco.

Esta reforma nos dará tranquilidad a las mujeres porque en la política las mujeres somos más violentadas”.

A nivel federal esta ley es transversal y aplica para que ningún servidor público en el poder ejecutivo o judicial pueda ocupar un cargo.

Sin embargo, queda pendiente asegurar que:

ningún funcionario público con denuncia por acoso, hostigamiento y adeudo alimentario y no solamente con sentencia condenatoria ocupe un cargo público.

 Tal es el caso en Jalisco en donde el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio, fue denunciado por acoso sexual en 2021.

“El ex magistrado por ejemplo tiene un sentencia condenatoria porque inclusive fue desaforado por el Congreso del Estado el año pasado, él no podría ocupar ningún cargo público y el tema de Marco Valerio tendría que seguir su proceso ante la justicia”.

La diputada Mirelle argumentó que lo oportuno cuando se hace un reforma constitucional es generar un primer momento, en este caso, bloquear a los servidores públicos que tiene sentencia condenatoria y después siguen las reformas legales que sirven para cerrar más candados como es el caso de los funcionarios con denuncia.