Ginebra, Suiza.

En septiembre de 2019, Naciones Unidas amplió su vigilancia de la situación en Venezuela después de que el Consejo de Derechos Humanos creara la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

El informe de la Misión examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Esta misión de expertos, con la que Venezuela rechaza cooperar, afirma en un nuevo informe que la respuesta represiva del Estado a las manifestaciones que siguieron a las elecciones de finales de julio, significó una nueva etapa en el deterioro del Estado de derecho.

En sus conclusiones, el informe subraya que esas violaciones "no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

Tras el anuncio de la reelección de Maduro, cuestionada por la oposición y una parte de la comunidad internacional, se celebraron manifestaciones espontáneas de protesta que se saldaron con 27 muertos y 192 heridos en el país, y unas 2.400 personas detenidas, según fuentes oficiales.

"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

"Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano", añadió.

"Cualquier persona podría ser víctima" 

Para elaborar su informe, que cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, los expertos de la ONU entrevistaron, a distancia o de forma presencial, a 383 personas, y consultaron decenas de documentos.

"Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso", señaló Francisco Cox, experto de la Misión.

"La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora", agregó.

Según otra experta de la misión, Patricia Tappatá, "el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro [...] o protestar contra los resultados electorales".

Según ella, las autoridades actuaron "especialmente" contra "miembros de la oposición política o [...] percibidos como opositores". Sin embargo, "cualquier persona podría ser víctima", añadió.

"La misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato", concluyó el informe.

Los países de la Unión Europea han rechazado reconocer a un vencedor en las elecciones presidenciales, pero Estados Unidos sí reconoció a Edmundo González Urrutia.

• Amenazado de cárcel en su país, González Urrutia se exilió en España, que le dio asilo.