Madrid, España.

El Senado español aprobó definitivamente este miércoles una controvertida ley sobre la protección de datos en línea que, según sus opositores, permite a los partidos recolectar información de los internautas para enviarles propaganda electoral personalizada.

Esta ley, aprobada por los senadores con 220 votos a favor y 21 en contra, busca inicialmente transponer al derecho español el reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos (RGPD) que entró en vigor en mayo.

Además protege el derecho a la desconexión de los empleados fuera del horario laboral, la neutralidad de la red o el derecho al olvido en ciertas circunstancias.

El texto permite también a los ciudadanos oponerse a recibir publicidad comercial segmentada, es decir, adaptada a su perfil en función de los datos personales recolectados por las empresas.

Pero a raíz de una enmienda introducida en el Congreso, la ley española autoriza también a los partidos políticos a "utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo (de campaña) electoral".

Los destinatarios de la propaganda electoral tendrán "un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición", según el texto.

Según el RGPD europeo, el tratamiento de datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos "puede ser autorizado por motivos de interés públicas a condición de que se prevean las garantías apropiadas".

Adoptada unánimamente por el Congreso en octubre, la ley da "carta blanca a la realización de perfiles ideológicos", denuncia la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información.

Para esta asociación, esto "va a permitir a los partidos prácticas como las de Cambridge Analytica", la empresa acusada de haber explotado a sus espaldas los datos de decenas de millones de usuarios de Facebook con fines políticos, en concreto para aupar a Donald Trump en las elecciones estadounidenses y la campaña del Brexit en 2016.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aseguró en un comunicado publicado poco antes del voto del Senado que el texto "no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas" ni la propaganda electoral personalizada.

Según esta agencia, la información recogida debe permitir solamente "pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales".

La asociación de consumidores Facua y el partido de izquierda radical Podemos amenazaron de recurrir al Tribunal Constitucional si la disposición se mantiene.