Guadalajara, Jalisco.

A la par que se realiza el día 15 de la Caravana de la Dignidad y Conciencia Wixárika, que busca llegar a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el abogado Carlos González García, representante legal de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, está en la capital del país, para entregar en forma directa una carta de los comuneros al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los reciba en audiencia.

La Caravana wixarika salió el 25 de abril desde la sierra del Norte de Jalisco y el viernes llegó al centro de Guadalajara. Este domingo, a las 5 de la mañana, el grupo siguió su camino a pie para llegar a Zapotlanejo.

El representante legal de los wixaritari explicó que son dos los conflictos agrarios que buscan que sean resueltos por López Obrador: el de Huajimic, por 10 mil 700 hectáreas y el del Triángulo, Jalisco con Puente de Camotlán, Nayarit, por más de 800 hectáreas.

El viernes, enviados de la Secretaría de Gobernación ofrecieron instalar una mesa de trabajo con la Procuraduría Agraria y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero la comunidad, no aceptó, ya que la petición es que el diálogo se establezca únicamente con el presidente.

“La Secretaría de Gobernación junto con Procuraduría Agraria y Sedatu pretendían tener una mesa de trabajo con la comunidad. La comunidad no aceptó y se lleva un escrito al presidente de la república, a la ciudad de México, para solicitarle de manera formal una audiencia”, explicó.

El conflicto de la invasión de tierras de ganaderos de Nayarit y territorio de la comunidad de San Sebastián, data prácticamente desde 1952, cuando se hizo la dotación de las tierras a la etnia.

La opción que proponen los participantes en la caravana, es que el gobierno federal asigne dinero para pagar indemnizaciones a los nayaritas, a fin de que acepten desocupar las tierras invadidas y así evitar la violencia, explicó Carlos González.

“Esa es la vía que hemos propuesto para solucionar el problema, ya que los ganaderos no están aceptando la ejecución de las sentencias, se están oponiendo de manera violenta y el estado no está teniendo la capacidad para que se ejecuten por la vía que corresponda, es decir, es una responsabilidad del estado. Entonces, al no ejecutarse la sentencia el Estado tiene que buscar una forma sustituta de atender la ejecución y es a través de indemnizar o de dar una compensación a los ganaderos”, indicó.

Actualmente hay 53 juicios agrarios en torno a la invasión de tierras, de los cuales 16 ya fueron ganados por la comunidad jalisciense, pero desde 2018 no se han restituido, de ahí el reclamo que realiza la Marcha Wixárika.