El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo ahorros millonarios entre 2013 y 2016 al aplicar buenas prácticas administrativas y evitar convenios con terceras personas en las adquisiciones, informó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre 13 mil y 21 mil millones de pesos se lograron ahorrar al seguir las recomendaciones sobre compras que la organización hizo en 2011 a la entidad pública.

"Las compras del gobierno representan una porción muy grande del dinero de los contribuyentes: cerca del 12% del PIB y 29% del gasto público de los países de la OCDE. Son cruciales para la buena gobernanza, y son fundamentales para combatir la corrupción y para fortalecer la confianza social en el gobierno", dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

Los resultados derivan del informe "Combate a la Colusión en las Compras Públicas del IMSS: Impacto de las Recomendaciones de la OCDE" divulgado hoy y presentado en la Ciudad de México.

Asimismo, otro informe titulado "Simplificación Administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social" midió el impacto en ciudadanos y empresas de las acciones de simplificación administrativa desarrolladas por el IMSS, destacando resultados favorables.

Se señala un 25% de ahorro en los costos a ciudadanos y empresas gracias a la digitalización y simplificación de los trámites de la entidad.

Al respecto, Gurría comentó que este ahorro alcanza las metas de reducción en las cargas administrativas fijadas por la OCDE.

Desde el 2012, el IMSS trabajó para simplificar sus trámites administrativos, recogiendo ahora sus frutos.

El estudio mide el impacto en los ciudadanos y las empresas de la mejora de 84 trámites del la institución pública.

Del total de los trámites analizados, 31 se pueden hacer en línea y tres por aplicación móvil.

El estudio concluye que la reducción de los requisitos, la mejora de formularios y la posibilidad de enviar información de forma remota a través de una computadora o un teléfono inteligente disminuyen el número de horas-persona que los usuarios deben dedicar a un trámite.