Guadalajara, Jalisco.

El Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto por escrito al Ayuntamiento de Guadalajara para que se reinstale el antimonumento 5J en la plaza “Imelda Virgen”, junto a la plaza de Armas.

La propuesta la hicieron las diputadas Candelaria Ochoa Ávalos y Mariana Casillas Guerrero, de las bancadas de Morena y Futuro, respectivamente.

El objetivo del acuerdo legislativo es contribuir al “derecho a la memoria” de las víctimas de violación a derechos humanos, así como contribuir al derecho a la información de los ciudadanos del estado de Jalisco, señalaron las legisladoras.

Este antimonumento surgió a raíz de los hechos ocurridos el 4 de mayo de 2020, cuando Giovanni López fue arrestado por policías municipales de lxtlahuacán de los Membrillos por presuntamente no usar cubrebocas.

Sin embargo, al día siguiente su familia fue informada de su muerte, presentando signos de tortura y un disparo en la pierna.

Un mes después, jóvenes que se manifestaron exigiendo justicia por su fallecimiento, fueron agredidos por policías estatales con gases lacrimógenos, registrándose 28 detenciones de forma arbitraria.

El día 5 de junio, entre 80 y 100 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales, y horas después liberados en las afueras de la ciudad.

• Las legisladoras de Morena y Futuro expresaron en el acuerdo que, a pesar de las evidencias y testimonios, las autoridades obstruyeron la investigación, alegando fallas técnicas en las cámaras de vigilancia del C5 en los lugares clave donde ocurrieron las desapariciones, además de que un amparo interpuesto por un ciudadano anónimo en representación de las víctimas fue sobreseído en marzo de 2025, bajo el argumento de que las autoridades finalmente proporcionaron información sobre el paradero de los desaparecidos. 

Agregaron que el proceso judicial ignoró las irregularidades, como la incomunicación forzada y la falta de transparencia en las investigaciones que realizó la Fiscalía, que en ese momento era encabezada por Gerardo Octavio Solís y el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro.

Fue hasta 2023 cuando diversos colectivos instalaron el antimonumento 5J en memoria de las víctimas, sin embargo, fue retirado por el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que diversas organizaciones y colectivos promovieron un amparo ante un Juez de Distrito que determinó negar la medida cautelar.

No obstante, el Tribunal Colegiado revocó la decisión del juez y ordenó a las autoridades estatales y municipales reinstalar el antimonumento, lo que a la fecha no se ha cumplido.