Por Gabriela León

La urgencia de las energías renovables, que si bien hacen falta, quienes se dicen responsables de frenar el cambio climático con la nuevas variantes eléctricas se ven envueltos en una serie de inconsistencias tanto legales como sociales. Tal es el caso de la empresa Veleta de Nuevo León, misma que firmó un contrato para hacer uso de todo el territorio e instalar cientos de aerogeneradores en el ejido La Concordia, donde además de se encuentra la comunidad La Punta, en Ojuelos, Jalisco.

El Periodista Sergio Hernández, originario de Lagos de Moreno, siguió de cerca el caso de la comunidad colindante con Aguascalientes en 2017 y menciona que se trata de un ejemplo claro del patrón de conflicto territorial y social con los que se instalan algunos de los megaproyectos industriales en comunidades.

“Llegan las grandes empresas, dividen a la comunidad, sueltan dinero, se meten a la elección de dirigentes comunales, con trampas manipulan las asambleas (todo esto pasó en la concordia), y ya que dividen es menos difícil meter un proyecto como estos, donde a final de cuentas quienes ganan menos son los dueños de la tierra. Hay áreas de vivienda, áreas de cultivo, áreas de ganadería y áreas que son propiamente comunales que ya están en poder de la empresa. Yo cuando vi el contrato a mí me parecía inconcebible que hubiera un abuso así, de ese tamaño”.

El 30 de agosto de 2015, la empresa Veleta firmó un contrato por 30 años y por todos los 7 mil 200 kilómetros de terreno, en el cual ya hay aerogeneradores instalados, mismos que producirán energía que venderán a la Comisión Federal de Electricidad y por la que pagaran tan sólo el 5% de la ganancia a los ejidatarios: las aproximaciones son de 600 pesos al año a cada dueño al que el Gobierno Federal le otorgó la tierra desde 1998. Veleta (la mayor beneficiaria) se llevará el 95%.

“Y ahí es el negocio de las grandes empresas, haciendo valerse por el bien económico para  llevarse a una comunidad entre los pies con el aval, en este caso, del Gobierno Federal, porque el Gobierno Federal es el que está fomentando la instalación de estas empresas de energía eólica en zonas que ya tiene muy marcada en el territorio nacional, como zonas prioritarias y entre ellas están la zona Norte de Lagos (de Moreno)”.

Sin embargo, el contrato firmado por el comisario de Bienes Comunales presenta irregularidades: los 189 dueños de la tierra desconocían el contrato, además se avaló el acta donde se integran 47 campesinos que aún no han llevado el proceso de sucesión de tierras.

El destino de La Concordia conlleva al futuro de otros territorios donde los megaproyectos invaden territorios campesinos o indígenas que habitan, cuidan y trabajan, y que con recursos como contratos ocultos o irregulares y la división social, pretenden desplazarlos, modificar el paisaje y la fauna y beneficiarse económica y mayoritariamente, explotando los recursos naturales.

“Lo mismo pasa en una zona desértica con una zona de minas, o con el asunto de eólicas, o del bosque, o del agua: con los recursos naturales que tú quieras. Entonces, efectivamente, (pareciera) que todas las comunidades necesitan tener conocimiento de como defender su territorio de los abusos”.