Guadalajara, Jalisco.

Han pasado seis años de que fueron presentadas las denuncias contra el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Álvaro García Chávez, por diversos ilícitos, entre ellos: compra de maquinaria inservible y a sobreprecio; y utilizar excavadoras para sus terrenos personales.

Desde entonces, no hay avances en las investigaciones.

Esta mañana, el diputado perredista en el Congreso de Jalisco, Hugo Rodríguez, lanzó un exhorto a la contralora del Gobierno del Estado, Teresa Brito, para que informe los avances de las investigaciones, pues ya ha pasado tiempo suficiente y el caso sigue abierto y sin aparentes avances.

En el pleno del Congreso de este jueves, el diputado mencionó las irregularidades “que han sido del dominio público por años”. De acuerdo con una investigación periodística de Mural y de Señal Informativa, se desprenden los siguientes señalamientos:

1.- La compra de maquinaria procedente de China, que resultó inservible y por la que se pagó un monto de seis millones de dólares.

2.- La comprobación y confirmación del uso de maquinaria oficial para trabajos personales.

3.- Favoritismo en el otorgamiento de invernaderos para amigos y compadres.

El diputado pidió a la contralora que, a partir del exhorto aprobado, “mantenga informado al Congreso del seguimiento que le dé a este asunto; en su oportunidad deslinde las responsabilidades correspondientes y finque las sanciones de sus autores”.

El legislador mencionó que no es posible que se siga continuando con “expedientes negros” a los que no se les da seguimiento.

Algunas de las irregularidades ya fueron confirmadas por la Auditoría Superior de la Federación, que tras revisar la cuenta pública de los fondos federales del 2010, manifestó en su informe final que la Seder realizó adjudicaciones directas sin considerar la normativa aplicable, no se contó con un Programa Operativo Anual al inicio del 2010 y no se realizaron evaluaciones con base en indicadores para medir el grado de desempeño en la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) que administraba la Seder, en manos de Álvaro García Chávez.

Otra irregularidad encontrada en la Seder fue un desvío 9.7 millones de pesos para pagar una “compensación ambiental” por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para los proyectos de la Presa de Almacenamiento el Naranjo II y la Presa de Almacenamiento Vista Hermosa, en el Municipio de Tamazula de Gordiano. En este caso el órgano fiscalizador determinó que existe un probable daño a la Hacienda Pública Federal por lo que pidió se reintegrara dicho monto más los intereses generados desde su disposición.

Además, la Auditoría realizó observaciones a la aplicación del FISE en el sentido de que durante 2010 fueron apoyadas 179 localidades, pero el 69.5% de los recursos se aplicó en comunidades que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación la Política de Desarrollo Social, tienen un grado de rezago social muy bajo.