Guadalajara, Jalisco.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) insiste en que se investigue y se castigue el robo de 50 centavos en cada pasaje que pagan los usuarios, cuando depositan $10 y no se les devuelven 50 centavos, en las alcancías de los camiones, del Tren Ligero y del Macrobús.

Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), localizada en avenida 16 de Septiembre, casi esquina con avenida La Paz, para interponer una formal denuncia, por el probable delito de “delincuencia organizada por defraudación fiscal”.

Según los cálculos hechos por la FEU, entre agosto de 2018 y el día de hoy, los transportistas particulares y el servicio que otorga el gobierno de Jalisco, en las tres líneas del Tren Ligero y en la ruta troncal y las alimentadoras del Macrobús, se han recabado $138 millones.

Armenta Araiza explicó que además de que los transportistas se quedan con el dinero de los usuarios, no pagan impuestos por ello, lo cual constituye un presunto delito.

“Además, le pedimos al secretario de Transporte, que respondiera algunas preguntas y no lo ha hecho, por esa razón decidimos emprender acciones jurídicas, para que si con nosotros fue omiso, no lo sea ante las autoridades federales. ¿Por qué?, porque de este dinero excedente que todavía no nos queda claro a que bolsillos va. Nos molesta que no paguen impuestos y eso es un delito y es en materia federal”, explicó.

La denuncia formal está dirigida al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, y en ella se señala a seis funcionarios del gobierno de Jalisco: al gobernador Enrique Alfaro; al secretario de Transporte, Diego Monraz; al director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rolando Valle Favela; a la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez Barba; al secretario de Hacienda estatal, Juan Partida Morales; y al director de Transporte Público, Amílcar López Zepeda.

El caso de las alcancías que no dan cambio de 50 centavos a los pasajeros que pagan $10, tomó fuerza luego de que el pasado 19 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió la recomendación 21/2020, en la que le pide a la Fiscalía Anticorrupción, que abriera una investigación para conocer cuál es el destino del dinero recaudado.

A raíz de ello, el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, abrió la investigación 429/2020, al señalar que se investiga un hecho que puede considerarse delictivo, como puede ser el delito patrimonial cometido por particulares y un hecho de corrupción si se acredita el vínculo de funcionarios públicos.

Ahora, la FEU espera que la FGR llame a cuentas a los servidores públicos señalados y que se sancione a los responsables de no pagar impuestos por el dinero que se quedan de los pasajeros.