Por Tatiana Sánchez

Caso Señora Lucina Villagrán

La ley general para una vida libre de violencia contra las mujeres del estado de Jalisco establece que cuando las mujeres atraviesan por una situación de violencia (en el matrimonio o con sus parejas) en la que se vean involucrados los hijos por demandas por la patria potestad, éstas tienen derecho a recibir asesoría jurídica y en caso de que lo requieran, también atención médica y atención psicológica.

Pero, a pesar de ser un derecho, resulta alarmante que las madres que se encuentran separadas de sus hijos, no cuentan con el apoyo por parte de las autoridades correspondientes. Un ejemplo de esta situación es el caso de la señora Lucina Villagrán, quien actualmente pasa por un proceso de demanda por la patria potestad emitido por su ex marido, que no le permite ver a sus hijos desde hace más de ocho meses.

“Bueno cuando yo me divorcie porque mi esposo es alcohólico a mí me golpeaba, y me golpeaba mucho, un día decide, mejor me divorcio para que mis hijos vivan tranquilos, porque yo tengo un hijo discapacitado. [….] Cuando yo me divorcie tenía tres hijos, tenía un niño de siete años y una niña de ocho años y tenía un niño discapacitado de diez años, la niña tiene quince años y tengo un niño que es el menor de catorce años. […] He ido al DIF, he ido a Justicia Alternativa. […] Ese señor toma mucho como le van a dar la custodia de mis hijos a una persona alcohólica, pero nadie, nadie me ha hecho caso”.

Según el testimonio de la señora Villagrán, a lo largo de estos meses ha acudido a varias instancias públicas del municipio para pedir asesoramiento. Sin embargo, la respuesta  que ha recibido por parte de las autoridades no ha sido favorable ya que su ex pareja ha trabajado en varias dependencias del Ayuntamiento y se siente protegido al grado de cometer abuso de autoridad.

De acuerdo con la activista María Guadalupe Ramos Ponce, profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara, en casos como éste, urge asesoría jurídica:

“Lo que requiere urgentemente es apoyo jurídico, que alguien le brinde ese acompañamiento porque sin duda ella requiere que le asesoren en ese proceso jurídico, ella en su momento debe de aportar los elementos necesarios para que esta situación no ocurra, para que le hagan valer los derechos que ella tiene y que de ninguna manera, ni tenga que perder la patria potestad, ni mucho menos la custodia de los niños y no se prolongue más ese tiempo en que ella tenga la posibilidad de ver a sus hijos”.

La doctora Ramos Ponce señala que desafortunadamente el caso de la señora Lucina no es aislado. Por el contrario, es uno de los muchos casos en que los hombres, sea por abuso de autoridad o de engaños jurídicos, buscan quitarles los hijos a sus ex parejas sin ningún otro afán que vengarse de ellas,  por motivos tan absurdos como por poner fin a su relación.

“No tengo porcentaje, lo que si se es que hay muchos hombres que prefieren dejar de trabajar, que prefieren no tener ingresos fijos para no tener que asumir la obligatoriedad del pago y la manutención alimenticia que les corresponde de sus hijos. Hay otros más que efectivamente hacen todo por quitarles sus hijos e hijas  a sus parejas, valiéndose de artimañas  y ni siquiera son ellos los que están al cuidado y atención de sus hijos, van y se los dejan a la mamá  y a la nueva novia, y lo hace con una serie de artilugios jurídicos que eso, desposan de esa posibilidad a las mamas biológicas de estar en esa cercanía con sus hijos”.

En este sentido, la doctora aconseja tanto a la señora Lucina como a todas las mujeres en situaciones similares, acudan con las autoridades correspondientes y que, de no ser atendidas, denuncien emitan una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que sus trámites y demandas obtengan una buena resolución.