Por Luz Atilano

En Lagos de Moreno y en toda la región Altos Norte de Jalisco, se implementó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio desde 2015, más o menos un año antes de que se cumpliera el plazo constitucional para que éste entrara en vigor en todo el país (18 de junio de 2016). Premura, que de acuerdo con el maestro Benito Ramírez Martínez, profesor de Derecho en el Centro Universitario de los Lagos, indudablemente ha influido en la adaptación del mismo.

Y es que, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz tuvo la obligación de generar la infraestructura necesaria para la implementación de dicho sistema, como ocurrió con la construcción de salas de oralidad penal en cada distrito judicial, a fin de realizar las audiencias conforme a las nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un proceso que se efectuó con retraso y que trajo consigo una serie de deficiencias que denotan la falta de preparación, de capacitación, e incluso entendimiento del nuevo sistema:

«En la Fiscalía General del Estado no se han preocupado por contratar mayor personal y generar una mayor cantidad de agencias del ministerio público, así como que haya más elementos de la Policía Investigadora que se dediquen verdaderamente a investigar de manera científica los hechos que pueden ser constitutivos de un delito. Entonces, creo que al gobierno de Aristóteles Sandoval le falta o le faltó invertir muchos más recursos económicos para tener una mejor implementación del sistema de justicia penal acusatorio y por lo tanto que esto permitiera que el proceso de consolidación, que es lo que ahora debemos estar buscando que se realice en una forma más rápida, más eficaz», señala.

Las principales deficiencias están todas relacionadas con la capacitación de las corporaciones policiacas tanto estatales como municipales y de los empleados de Fiscalía; se pueden encontrar, por ejemplo, prácticas como la lectura de las actuaciones de las carpetas de investigación durante las audiencias, en lugar de su exposición oral.

Además, de un lado las salas de oralidad son subutilizadas o no se aprovechan porque no se realiza el número de audiencias que deberían realizarse; y del otro, es necesaria su construcción no sólo en la cabecera de cada distrito sino en el resto de sus municipios, sobre todo en los que se cuenta con una mayor cantidad de carpetas de investigación. Todo lo anterior, desde luego, aunado a que se siguen conservando los mismos vicios de corrupción y negligencias:

«Al parecer, se siguen incurriendo en algunas prácticas indebidas en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Hemos sabido de casos donde algunos servidores públicos de Fiscalía de alguna manera promueven que se sigan utilizando las dádivas como una forma de motivar el que hagan su debido trabajo. En pocas palabras, se sabe de actos de corrupción, todavía, para dejar hacer o dejar de hacer ciertas actividades al interior de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, lo cual pues entorpece, lastima y obstaculiza los propósitos de esta reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, que incluye la puesta en vigor del Sistema de justicia penal acusatorio».

A año y medio de su implementación, añade el maestro, tampoco ha sido suficiente la socialización de este nuevo sistema de justicia, es decir, el hacer extensivo a la población en qué consiste, así como sus bondades y virtudes para víctimas y probables responsables de delitos sobre todo en sus garantías de respeto a los derechos humanos. Se sigue viendo mucho desconocimiento por parte de la población y, por supuesto, falta de voluntad política al respecto.