Guadalajara, Jalisco.

Académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG), consideraron necesario denunciar ante la Federación e incluso en organismos internacionales la violencia suscitada los pasados 4, 5, y 6 de junio contra miembros de la sociedad civil.

A través de un comunicado, el Colegio Departamental del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (Desmos) de la benemérita casa de estudios, advirtió de la crisis de las instituciones de seguridad en Jalisco, señalaron que ha llegado a su punto límite y obliga a repensar su función, e inclusive su existencia tal como hoy la tienen.

El documento indica que el gobierno del Estado ha recurrido a la simulación y la mentira para intentar no hacerse responsable de la violencia ocurrida por las detenciones ilegales cometidas por la policía municipal, estatal, y ministerial ante las manifestaciones derivadas por la exigencia de justicia ante el homicidio de Giovanni, un joven que fue victimado por policías municipales de Ixtlahuacán de los membrillos el pasado 4 de mayo.

El comunicado resalta qué no es la primera ocasión en la que el hoy fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, actúa de tal manera, pues hace remembranza a la represión que ocurrió el 28 de mayo de 2004, durante el sexenio del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, cuando se reprimieron también a manifestantes de forma similar, con desapariciones y actos de tortura, los denominados altermundistas o globalifóbicos.

Destaca también, indignación ante lo que consideran como una simulación tras las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro quien primero dijo que los policías actuaron por cuenta propia, y después, que miembros de la delincuencia organizada habían girado la instrucción, lo según el documento, “suena como una amenaza contra aquellos que manifiestan su descontento contra la autoridad local de ser desaparecidos por supuestos integrantes del mismo crimen“.

El comunicado resalta que es indispensable que la comunidad internacional fije los ojos en la manera como se trata a los luchadores sociales en Jalisco, algo que podría generar un terrorismo de Estado.

Finalmente el pronunciamiento indica que no se puede hablar de Estado de derecho en Jalisco, mientras se reprime de manera ilegal y con tal violencia a un sector de la sociedad.

Dicho comunicado, responde a las detenciones arbitrarias cometidas durante los pasados días cuatro, cinco, y 6 de junio cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por el homicidio de Geovanni, que ocurrió el pasado mes de mayo y se dio a conocer a través de redes sociales hasta casi un mes después.