Organizaciones exigen cierre inmediato del vertedero Los Laureles
Fotografia: Captura de video / Un Salto de Vida




Guadalajara, Jalisco.

Organizaciones ciudadanas y habitantes de los poblados de Puente Grande y Tololotlán, en Tonalá, exigieron el cierre inmediato del vertedero Los Laureles.

Tras el incumplimiento de la recomendación 18/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), los afectados exigieron la reparación integral del daño, el cierre inmediato del vertedero y propuestas reales para el destino de residuos sólidos en la ciudad.

En rueda de prensa, ciudadanos exigieron que el Gobierno del Estado acate la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que contempla entre otras cosas, la reparación de los daños materiales ocurridos en perjuicio de los habitantes de todas las comunidades cercanas al vertedero, así como un plan de cierre para este relleno sanitario que debería ocurrir en los próximos meses.

Señalaron que tras el incendio suscitado en el 2019, las complicaciones en la salud de las personas empeoró debido no solo a los contaminantes que emanaron del siniestro, sino también, a la exposición prolongada de lixiviados y que justo en este sentido, el Gobierno Estatal no dio respuesta.

De igual forma, resaltaron que la administración estatal dejó de lado el programa Jalisco Reduce, un plan para la creación de una agencia para dar destino a los residuos sólidos que se producen en la ciudad.

Aseguraron que si bien los daños han sido fuertes a lo largo de los años que ha operado el vertedero Los Laureles, resulta imposible de cuantificar, al menos en lo económico, lo que ha representado para las personas el manejo inadecuado del basurero.

Por ello subrayaron que la exigencia directa es que de inmediato se haga una mesa de discusión entre expertos de universidades públicas y privadas con las autoridades implicadas en los tres niveles de gobierno, así como con los mismos afectados para echar a andar una solución a corto y mediano plazo que les ayude a superar sus problemáticas.

También se exigió que el nuevo modelo no contemple un relleno sanitario, y que se obligue a la actual empresa concesionaria -Caabsa Eagle- a pagar por las afectaciones.