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Washington, Estados Unidos.
Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles de la administración de Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda de México contra fabricantes armamentísticos a los que pide una indemnización por los daños que causan las armas del narcotráfico.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el máximo tribunal estadounidense debe decidir si desestima o da curso a la demanda de México, que libra una guerra judicial contra ocho fabricantes de armas estadounidenses desde 2021.
- Ese año demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio "negligente e ilícito" alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Smith & Wesson e Interstate Arms recurrieron a la Corte Suprema para tratar que desestime la demanda. La indemnización pedida por México asciende a 10.000 millones de dólares.
En 2022, un juez desestimó el caso alegando que las reclamaciones de México tropezaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005 y que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero una Corte de Apelaciones resucitó el caso, justificando que hay una excepción a la ley.
"La Corte Suprema no está revisando el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones", precisó Alejandro Celorio Alcántara, antiguo asesor jurídico del ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.
México debe probar que esta empresas "auxilian e instigan" el tráfico y la exportación de armas, así como la relación de "causalidad" de las conductas demandas y los daños que se registran en México, explicó a la AFP.
Se espera que el máximo tribunal de Estados Unidos dé a conocer su fallo antes del verano boreal.
Según México, las empresas estadounidenses venden rifles semiautomáticos, fabrican cargadores de más de diez cartuchos y no imponen restricciones de venta, lo que ha creado un suministro de armas de fuego que acaban siendo utilizadas por los cárteles de la droga.
Según las autoridades mexicanas, el 72% de las armas encontradas en los escenarios del crimen del narcotráfico -en torno a medio millón- están fabricadas por estas empresas y llegan cada año ilegalmente a México procedentes de Estados Unidos.
- Presión con aranceles -
La vista de la Corte Suprema coincide con la entrada en vigor de los aranceles del 25% a los productos mexicanos que entran al mercado estadounidense, un arma que blande la administración de Donald Trump para presionar a las autoridades mexicanas a que luchen contra el tráfico de droga.
En particular contra el fentanilo, un poderoso opioide sintético que mata a miles de personas cada año en Estados Unidos.
Trump declaró recientemente como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos de la droga, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en un intento de forzar a las autoridades mexicanas, acusadas de connivencia, a luchar contra sus actividades ilícitas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que niega de plano dichas acusaciones, amenazó recientemente a los fabricantes de armas de ampliar las acciones legales para acusarlos de "complicidad" con grupos terroristas.
El presidente republicano, que sufrió dos intentos de asesinato durante su campaña electoral, es un defensor a ultranza del derecho de portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
México ha registrado más de 340.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
Asimismo, el gobierno mexicano presentó una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto con Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México, contra cinco comercios, a los que acusa de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
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