Ocotlán, Jalisco

Tras una acusación de abuso sexual cometida por un pariente político hacia su hija menor de edad, una madre de familia ocotlense ha batallado para acceder a la justicia, y es que a pesar de las pruebas presentadas y de que se han llevado a cabo las audiencias correspondientes en la Sala de Juicios Orales de Ocotlán, el caso no se ha resuelto a su favor, al contrario, la persona acusada pudo seguir en libertad, tras pagar cien mil pesos como reparación del daño. 

Esta resolución indignó a la madre de familia, quien decidió hablar bajo anonimato por el temor a represalias, pero el proceso en sí mismo fue lo que más le molestó, y es que dijo, pareciera que a justicia para los implicados es sólo una cuestión de precio, o al menos eso percibió en las audiencias llevadas a cabo en dicho sitio:

“Era una subasta, tal cual. Decían: estamos en el primer debate, y tal cantidad y tal cantidad; y la juez le dice al imputado: con todo respeto usted puede ofertar y fue cuando yo intervine y le dije: ¿Ofertar de qué? ¡Yo no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo justicia! ¡La niña lleva tres intentos de suicidio y no están haciendo nada!”. 

Todo esto se llevó a cabo sin que la autoridad tomara en cuenta las evidencias presentadas para argumentar el grave delito, entre ellas, un dictamen psicológico positivo forense de la menor, junto a tres intentos de suicidio, que tampoco fueron valorados.

Pero el actuar del juez de la sala de juicios orales no fue el único que dejó que desear y por consecuencia, revictimizó a la menor, si no también del ministerio público, que formaron una carpeta de investigación deficiente a decir de la mujer, ya que sólo incluyeron una fotografía de la casa y una entrevista acusado, el peritaje psicológico antes mencionado que ella mismas les proporcionó y la declaración de la menor.

A esto se suma el hecho de que el juez que llevaba el caso, se negaba a realizar una reparación del año acorde al delito y en ningún momento se vinculó a proceso al acusado, a pesar de las pruebas y la naturaleza del delito, que amerita prisión preventiva. 

Es por estos motivos, y que su primer abogado dejó el caso luego de que, asegura, le llegaron al precio, que la mujer ocotlense considera el caso ya estaba arreglado entre las otras dos partes, y en ningún momento se vio por el interés de la menor afectada.

Aún así, espera que al alzar la voz, y llevar el caso a otras instancias, le de un mensaje positivo a su hija::

“Que haya justicia, porque yo quiero que mi hija vea que existe, por qué si no, en un futuro ¿Que va a pasar? la vuelven a agredir, le vuelve a pasar algo y ella no va a querer ir a las autoridades porque no va a creer en nadie, porque va a ver que no hay justicia y que con dinero se calma todo”.

Ante el manejo irregular la madre de la víctima interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura para que sea revisado, se hagan las investigaciones correspondientes y se condene a quien resulte responsable. 

Además, en el código penal federal en el artículo 261 se estipula que a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.