Guadalajara, Jalisco.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario (CGU), diversos consejeros, entre ellos el director de la Preparatoria número 5, José Manuel Jurado Parres y el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG (SUTUdeG), Jesús Becerra Santiago, le expresaron su respaldo al rector general Ricardo Villanueva Lomelí, ante la posibilidad de que desde el gobierno de Jalisco se desate una campaña de “guerra sucia”.  

El rector general fue claro al señalar que tiene informes confiables de que el gobernador Enrique Alfaro, ejerce presión hacia al fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, para tratar de involucrarlo en un caso de desvío de recursos del gobierno de Jalisco hacia la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuando Villanueva fungió como secretario de Finanzas en el periodo del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

“Yo quiero decirle a este Consejo que deben estar muy tranquilos y que yo duermo tranquilo, porque todos los acuerdos de ampliación a la CEA los tengo en mi poder y quien tiene las facultades de ampliar el presupuesto es el Ejecutivo del Estado y yo fui mandatado por el Ejecutivo a hacer mi trabajo como secretario de Finanzas. El ejercicio del gasto es responsabilidad de quien maneja el gasto”, expuso el rector.

La Fiscalía Anticorrupción está permitiendo que una persona que fue detenida por el caso, amplíe su declaración para involucrar al rector general, explicó.

“Tengo claro que el gobernador está presionando al fiscal para que se amplíe la declaración. Cuatro años después van a ampliar una declaración de un detenido, donde cuatro años después me van a mencionar. Ese detenido gozó de libertad a los cuatro días que firmó documentos y ahora resulta que lo que se intenta es manchar mi nombre, como ya lo hicieron en 2015 por unas Ipads que ni siquiera compró el gobierno, pero el alfarismo ha entendido que una mentira repetida miles de veces genera daño”, expresó.

Villanueva Lomelí aseguró que esta vez no va a permitir que se ensucie su nombre y tiene todos los documentos para defender su postura.

Lo que sí le preocupa -en un claro caso de desvío de recursos- es la decisión del gobernador de quitarle 140 millones de pesos de la UdeG, ya destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales.