Río de Janeiro, Brasil.

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fue condenado hoy a 12 años y 11 meses de prisión por haber recibido sobornos disimulados con reformas en la hacienda de un amigo íntimo suyo en Atibaia, en el estado de Sao Paulo, informaron fuentes judiciales.

La de hoy es la segunda condena que recibe Lula, quien se encuentra preso desde abril pasado para cumplir una sentencia de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras.

La defensa puede presentar un recurso ante la nueva condena, dictada este miércoles por la juez Gabriela Hardt, de la primera instancia.

Hardt sustituye a Sergio Moro, el juez que condenó a Lula en primera instancia y que actualmente es el ministro de Justicia.

Lula, de 73 años, fue denunciado por la Fiscalía junto a otras 12 personas por un caso en el que supuestamente recibió sobornos del Grupo Schain, del empresario y amigo suyo José Carlos Bumlai, y de las constructoras OAS y Odebrecht.

Los sobornos, de unos 42 millones de dólares, incluyen el pago de una reforma de 270 mil dólares en la hacienda Santa Bárbara, en el municipio de Atibaia, la cual Lula frecuentaba con su familia.

A cambio de los sobornos, Lula presuntamente ayudó a las constructoras a mantener en los cargos a los ex ejecutivos de Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Nestor Cerveró y Pedro Barusco, que lideraron buena parte de los esquemas de corrupción entre las constructoras y la petrolera estatal.

El ex presidente de Brasil fue condenado en julio de 2017 a nueve años y seis meses de prisión en primera instancia en el caso "Lava Jato", acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo de la constructora OAS a cambio de favorecerla en contratos con Petrobras.

Aunque la defensa presentó un recurso, la segunda instancia aumentó en enero del año pasado la condena a 12 años y un mes de prisión, que Lula empezó a cumplir en abril de 2018, tras agotar todos los recursos posibles.

El ex presidente cumple la sentencia en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital regional de Paraná.