Guadalajara, Jalisco.

El 9 de febrero de 2017, el Periódico Oficial El Estado de Jalisco publicó el Código de Ética y conducta de servidores públicos de la administración pública del Estado de Jalisco. Un documento de 66 páginas que trata de regular el comportamiento de los burócratas.

Por este trabajo, la Contraloría del Gobierno del Estado pagó dos millones y medio de pesos para contratar a 16 abogados que prestaron sus servicios profesionales por periodos que fueron de los 8 a los 12 meses.

El recurso fue sacado del presupuesto que aprobó el Congreso del Estado como una partida especial para comenzar a operar el Sistema Estatal Anticorrupción. Además del Código de Ética, los abogados contratados por Avelino Bravo Cacho, director jurídico de la Contraloría del Gobierno del Estado, realizaron otras labores de gestión.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública, los abogados contratados participaron en las mesas de coordinación interinstitucional donde se dieron a conocer las propuestas normativas del nuevo Sistema. “Se trabajó en un protocolo de actuación de servidores públicos en materia de contrataciones”.

Otro de los trabajos que requirieron la labor de los 16 juristas fue el análisis normativo para el diseño de la plataforma en conflictos de interés, donde 4 mil 500 burócratas debieron aprender a llenar formas y documentos para evitar precisamente el llamado conflicto de interés en su actuación.

Este nuevo hallazgo se desprende del seguimiento que hace #44LAB al segundo informe de actividades presentado por el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, quien pudo documentar que entre los años 2016 y 2017, el Gobierno del Estado destinó recursos a la implementación del propio sistema, pero de manera opaca.

Aquí puede ver la respuesta de transparencia que emitió la Contraloría, con el nombre de los 16 abogados implicados.

“Eso, por un lado, porque por otro sería interesante ver el resultado obtenido del Código que hicieron en comparación con el Código de ética del gobierno federal… hay un montón de cosas que uno dice: a lo mejor nomás hicieron un copy paste”.

La integrante del Observatorio menciona que se debe hacer un análisis real del gasto que se ha ejercido en el presupuesto. Ella dice que asistió a todas las mesas interinstitucionales y “en ningún momento se habló de que se estuviera haciendo ese trabajo, no se habló de la consultoría ni tampoco del software”.

Con el impase político que existe en el periodo de transición, Díaz Romo señala que el Sistema Estatal Anticorrupción vive un proceso de estancamiento institucional, porque aún no se terminan de decidir todos los puestos (faltan magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa), pero también porque no se ve que los partidos políticos quieran desatorar los nombramientos.

Por último, la activista señaló una nueva variable en las irregularidades detectadas: el Código de ética se publicó en febrero de 2017. Mientras que los abogados que lo realizaron estuvieron contratados todo el año.