Ciudad de México, México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México instó hoy a las autoridades a poner atención en los desplazamientos forzados de más de 5 mil indígenas en municipios de Chiapas.

Mediante una recomendación formal, la CNDH solicitó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que "se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica".

Un total de 5 mil 266 indígenas originarios de comunidades del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario que enfrenta desde hace 40 años a su población con el municipio vecino de Chenalhó.

Pese a que ya se ha dado el regreso de unas 3 mil 800 personas, en campamentos de desplazados todavía quedan, viviendo en condiciones precarias, pobladores desplazados que afirman que en su comunidad continúan el acoso y los ataques de grupos armados.

La CNDH pidió entonces que se implementaran medidas cautelares inmediatas para salvaguardar la vida y los derechos humanos de estas personas, pero las autoridades federales, estatales y municipales no cumplieron con esta solicitud.

Además de insistir en el cumplimiento de las peticiones anteriores, la CNDH pidió hoy atención a las víctimas directas e indirectas de este desplazamiento y a quienes sufrieron daños en sus propiedades.

También se solicitó a las autoridades que se compruebe el número exacto de personas que salieron de su domicilio y se evalúe su situación, además de proporcionarles a los indígenas información acerca de sus derechos y asistencia de todo tipo que garantice su correcto desarrollo.

La CNDH pidió a la Fiscalía mexicana que se continúe "con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación, instrumentando medidas eficaces para esclarecer los hechos y, en su caso, lograr la identificación y detención de los probables responsables".

Por último, la organización requirió que cada instancia implicada nombre un "servidor público de alto nivel" como enlace con la CNDH para así dar seguimiento a las recomendaciones mencionadas.