Ocotlán, Jalisco

Las autoridades que se han pronunciado sobre el caso de acoso y hostigamiento contra Diana en Tototlán, no han realizado acciones contundentes para sancionar e investigar la problemática, así lo señala Guadalupe Ramos Ponce, representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer.

Ramos Ponce mediante un comunicado exigió al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se investigue el actuar de la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y a la Agencia del Ministerio Público de Tototlán en el caso de Diana, ya que no ha habido acciones contundentes a pesar de que la víctima denunció esta situación desde marzo del año pasado.

También con retraso se pronunció la Secretaría de Igualdad Sustantiva:

“La propia Secretaría de Igualdad Sustantiva hizo lo propio, muy tarde, es otra de las cosas que nosotros denunciamos, desde el viernes que se dieron a conocer los audios ella estaba expuesta y en una situación de riesgo y la Secretaría lo único que hizo fue una llamada telefónica donde le ofrecieron apoyo y le enviaron a un elemento policíaco que solamente le dio su número telefónico y ya, fue todo”.

En el documento firmado por la activista, también demandan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estudie el retraso en la investigación, ya que gracias a esto, Diana ha padecido de violencia institucional y han continuado las violaciones a sus derechos humanos.

La también académica de la Universidad de Guadalajara pidió que se investigue a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su oficina de Ocotlán, ya que los audios difundidos el pasado viernes por MURAL, formaban parte de la carpeta de investigación y queja que Diana presentó, respectivamente, como material probatorio; la filtración expone y revictimiza a la servidora pública, señala Ramos Ponce.

Al Secretario General del Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza, le pidieron que cumpla los compromisos a que llegó con la víctima en una reunión que tuvieron el pasado 7 de febrero, para que salvaguarden la integridad de Diana y su familia; así como una reparación integral que incluya los sueldos que ha dejado de percibir al solicitar licencia sin goce de sueldo para evitar seguir sufriendo de hostigamiento sexual y laboral.

Como medida cautelar, también pidieron que el alcalde, Sergio Quezada Mendoza y el Director de Padrón y Licencias del municipio, Efraín Martínez Íñiguez, renuncien y sean separados de sus cargos, además de que se inicien los procesos de responsabilidad en su contra.