Ocotlán, Jalisco.

Que no haya impunidad en el feminicidio de Liliana y Alondra, además de investigar a los funcionarios públicos que por acción u omisión permitieron la comisión del delito, es parte de lo que exigieron desde el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM) en un comunicado dado a conocer este jueves, en el que además señalaron y reprobaron el proceder sobre todo del Gobierno de Jalisco, para combatir y prevenir la violencia que viven actualmente las mujeres de la entidad. 

En el texto, exigieron al Gobierno del estado que los feminicidios de Liliana y Alondra no queden impunes, también que se inicien las investigaciones correspondientes y se inicien las carpetas de investigación en contra del funcionariado de la Fiscalía que con sus acciones u omisiones permitieron la comisión de los dos feminicidios en las instalaciones de la Fiscalía en Poncitlán.

Agregaron que la Secretraría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, se coordinen los trabajos para que se IMPLEMENTE de manera urgente el PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, el cual deberá de ser el instrumento que contenga las acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el corto, mediano y largo plazo. Dicho programa tendrá el carácter de prioritario de acuerdo a la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE JALISCO.

Además de exigir estas acciones, el organismo internacional reprobó varias acciones, primeramente las  declaraciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro quien afirmó que, "como gobierno es difícil controlar y predecir la conducta de los agresores”, ante lo que el organismo puntualizó: “decir eso es eximir de su responsabilidad como administrador del Estado, de prevenir la violencia letal o feminicida” además de que señaló: “cuando hablamos de control y predicción, no es una lectura de cartas o predicción del futuro sino que tiene que obedecer a una política criminal integral eficaz (por demás carente en nuestro estado, país y América Latina), en donde la PREVENCIÓN debe ser una apuesta fundamental de cualquier política pública”. 

También reprobaron: “Que las autoridades no cuenten con protocolos de seguridad que prevengan feminicidios tan dolorosos como estos”, y aseguraron: “estaremos vigilantes de la vinculación y el proceso penal de Cristofer Gerardo “N” y no permitiremos que la justicia les vuelva a fallar a Liliana y a Alondra”.