Guadalajara, Jalisco.

El domingo 13 de junio fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y este año particularmente es el de la erradicación.

Pero son pocas o nulas las acciones que se han emprendido desde lo gubernamental.

Por ejemplo en México de 2019, había 3 millones 269 mil 395 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad en alguna actividad económica; de los cuales, un millón 755 mil 482 lo hacen en ocupaciones no permitidas; de éstos, 61 % son hombres y 39 % mujeres.

Lo que tiene contabilizado el INEGI sucede tanto en calle bajo un sistema de explotación muy visible en las esquinas de las avenidas en todas las capitales del país, hasta en comercios plenamente establecidos.

Aunque un inspector de ayuntamiento podría elaborar un requerimiento al respecto, esto no sucede. Como tampoco las fiscalías investigan y protegen los derechos de la niñez explotada por grupos delincuenciales en la calle.

Pandemia, lo que saca a la niñez de la escuela y la pone a trabajar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco advierte que “la pandemia por COVID-19 ha sido una amenaza constante y ha generado un retroceso, las tendencias positivas se han debilitado y el trabajo infantil ha tenido un repunte, esto implica para las autoridades federales, estatales y municipales, la necesidad de implementar medidas especiales y urgentes de protección que prevengan y mitiguen los efectos de la pandemia en las niñas, niños, adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad.”

Sin embargo en un comunicado de prensa, solamente posiciona 5 puntos:

1. Garantizar el derecho de la niñez a la no explotación y abuso vinculado al trabajo.
2. Implementar programas de atención a la salud y seguridad social a familias donde trabajan menores de edad.
3. Fortalecer programas de becas para niñas, niños y adolescentes en pobreza
4. Implementar políticas contra las desigualdades que eviten el trabajo de menores.
5. Generar estrategias contra la deserción escolar.

¿A quién dirige los cinco posicionamientos? Nadie lo sabe. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se posiciona pero no dirige el comunidad a ninguna instancia o dependencia de Jalisco en específico.