Guadalajara, Jalisco.

Hay estándares internacionales para el desmantelamiento de un megaproyecto como la presa El Zapotillo que el Gobierno federal y el gobierno de Enrique Alfaro, deberán atender en sus parámetros y dimensiones en caso de cancelarse la presa.

Uno de los argumentos básicos de la oposición expuestos al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no continúe la obra es que se trata de un proyecto plagado de corrupción, por la forma en que se construyó rebasando márgenes legales y porque ha costado más del doble de su prepuesto inicial llegando a los 35 mil millones de pesos más lo que falta en caso de querer operarla: 35 mil millones de pesos más, según estimaciones de los técnicos.

En 14 años hay miles de personas que han resultado afectadas directa e indirectamente por la construcción de un megaproyecto que careció de los protocolos internacionales para iniciar. Claudia Gómez la abogada encargada del litigio de Temacapulín y Acasico contra la presa El Zapotillo, explica que aunque se cancele la obra, los pueblos no se van a desistir jurídicamente de las demandas contra autoridades estatales y federales.

"El desistimiento no está en la mira de los pueblos hasta que se logre el desmantelamiento; hay procesos internacionales para el desmantelamiento de presas: cuando una presa llega a su vida útil y este sería el primer caso de un desmantelamiento previo al funcionamiento, y tiene que ver con muchas cosas: la irregularidad del proyecto, el sobre costo y que llevamos una cantidad de dinero gastado que nos sale mas barato el desmantelamiento que el funcionamiento y puesta en marcha. Digamos que el desistimiento se va a dar cuando nos quedemos sin acto reclamado".

Los informes actualizados de la Comisión Mundial de Represas, revela que son 100 millones de personas las que se han desplazado a causa de una obra como la presa El Zapotillo y advierte que las poblaciones aguas abajo de la cortina, se ven altamente afectadas.

Tras la reunión de los afectados ambientales con López Obrado, en Palacio Nacional el lunes 12 de agosto, lo que sigue es la primera mesa técnica para exponer las alternativas concretas que suplirían la presa: una red de más de 300 pozos en los que estiman los ingenieros ambientales de la UNAM, no cuesten más de 3 mil millones de pesos para responder a la demanda de agua en la región de los altos y mantener el equilibrio ecológico sin alterar el ciclo hidrológico del agua y desde luego, del rio Verde.

Claudia Gómez se muestra esperanzada de las nuevas posiciones del Gobierno federal  a diferencia del presidente priista Enrique Peña Nieto y los panistas, impulsores iniciales del proyecto: Fox y Calderón, pero asegura con la claridad de haber contribuido en la estrategia legal que tiene, desde hace 6 años, parada la presa por una controversia constitucional de la SCJN, que de cambiar de opinión el presidente López Obrador, seguirían dando batalla.

"Si hubiera una nueva decisión del gobierno federal de continuar con el proyecto como firmar nuevos acuerdos (de aprovechamiento de agua), ese nuevo acto sería también impugando jurídicamente; estamos ante una situación en donde debe imperar la negociación política y en eso estamos tratando y demostrando que la presa tiene miles de alternativas y ahora tenemos más elementos pontificios y evidencia de que se va gastar menos, esto pensando en la promesa de austeridad del gobierno federal, y queremos hacer una propuesta económica, técnica y científica y dar por terminada esta presa"

El informe de la Comisión Mundial de Represas, asegura que la reubicación de personas se centra en la movilización de personas, pero no en el desarrollo económico y apuntan los peritos en el tema, sin contemplar prácticas culturales y en el caso de Temacapulín, sin resolver las tierras de cultivo que significan la subsistencia de cientos de familias.

Pero, ¿cómo sería la reparación del daño para Temacapulin, Acasico y Palmarejo?, así lo explica la coautora del Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, de la Suprema Corte, que resume cómo deben iniciarse y cómo debe juzgarse en caso de violaciones a los derechos humanos.

"Hay daños ya ocasionados, hay mucho dinero que se dejó de invertir, gente que murió a causa de la presa. Más adelante, si se da el desmantelamiento, hay que pensar en la reparación del daño, pero una cosa que queremos lograr es la garantir de no repetición: que no haya una vez más otro Temacapulin amenazado; ¿cuántos años se dejó de invertir en Temacapulin, hay muchos estudios que se pueden revertir cuando hay violaciones a los derechos humanos en el caso de colectivos, donde se den disculpas públicas, y ese seria un paso que daríamos con los pueblos".

El 22 de agosto es la primera mesa de alternativas en Guadalajara y después el 9 de septiembre en la ciudad de Mexico.