Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) encontró que, en 22 casos de desapariciones, la Fiscalía Estatal incurrió en actos de simulación, ya que no elaboró un plan de investigación, no revisó las cámaras de video, realizó la geolocalización de los teléfonos celulares en forma tardía y tampoco revisó en forma oportuna las sábanas de las últimas llamadas que recibieron las personas desaparecidas en sus teléfonos.

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer las recomendaciones 148 y 149/2021 dirigidas a la Fiscalía Estatal, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como al secretario general de Gobierno, por casos ocurridos en los municipios de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Tlajomulco, Tomatlán y Zapopan.

En algunas desapariciones pasaron más de ocho días para que la Policía investigara a testigos y se realizaran las visitas a los lugares donde ocurrieron las desapariciones.

Hernández Barrón explicó a quienes dirigió las recomendaciones.

“Al secretario de Seguridad Pública del Estado, a los presidentes municipales, así como a comisarios y directores de Seguridad Pública de los 125 municipios del Estado: deben implantar, de forma urgente y coordinada, mecanismos y acciones efectivas para prevenir y erradicar la desaparición de personas. En caso de que éstas ocurran, deben tener claras y articuladas las estrategias de búsqueda inmediata y la atención integral a las víctimas. Deben cumplir con lo dispuesto en la nueva legislación en materia de personas desaparecidas en Jalisco”, precisó.

Entre las carencias existentes al momento de investigar, el presidente de la CEDHJ dijo que no hay policías investigadores suficientes. En el caso de los Ministerios Públicos, cada agencia tiene a su cargo 356 carpetas de investigación por desaparición. Sin embargo, en el Distrito Judicial 1 del Área Metropolitana de Guadalajara, hay agentes ministeriales que tienen a su cargo hasta 800.

Guadalupe Aguilar, representante del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), señaló que las organizaciones civiles son las que logran resultados. Sin embargo, los gobiernos las quieren lejos, en lugar de hacer un trabajo colaborativo.

“Porque el mismo Gobierno, tanto federal como estatal, y en la mayoría de los estados del país, nos mantienen alejadas. ¿Por qué alejadas? Porque ellos quieren seguir trabajando cobijados por esa impunidad y está comprobado que mientras tengamos tanta impunidad, no puede bajar el terrible delito de la desaparición forzada”, expresó.

Por su parte, Silvia Alejandra Celis, representante del Colectivo Guerreras de Chapala, informó que en los dos años recientes ha aumentado en forma alarmante la desaparición de personas en ese municipio.

Se calcula que se hay más de 300 personas desaparecidas, pero se calla por miedo y se quiere “tapar” lo que ahí sucede para no ahuyentar al turismo.

“A dos años seguimos trabajando, seguimos peleando, seguimos exigiendo nuestros derechos como víctimas, se nos hace muy difícil en los hallazgos de las fosas, seguimos con el problema de identificaciones y estamos preocupadas porque no encontramos a nuestros desaparecidos”, subrayó.

La CEDHJ le pide también a las secretarías de Gobierno, de Administración y de Hacienda del Gobierno de Jalisco, así como al Congreso local, que destinen recursos suficientes para la búsqueda de personas en el presupuesto 2022.