Ocotlán, Jalisco
Por impedir el libre tránsito por territorio mexicano, y ejercer cobros y multas a los miembros de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), el académico en estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Marco Antonio González Mora calificó las acciones de las autoridades municipales de Ocotlán, como abuso de autoridad.
El académico señaló que el municipio no tiene la facultad para detener el libre tránsito, ni mucho menos para hacer un cobro que no les corresponde, ya que la ley y reglamentos en los que se basan son internos, mismos que fueron compuestos por convenios entre municipio y las autoridades viales.
“Ellos no están ni para poder quitar el libre tránsito y menos a lo que es el transporte federal porque la propia ley contempla una cosa que es el reglamento, y otra lo que estipula la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo veo de una manera malamente por parte de las autoridades municipales de crear esta situación de pedir un permiso o sancionar algo que no les corresponde al propio municipio”.
Agregó que las autoridades de Ocotlán no deben llevar a cabo procedimientos a nivel federal que no le competen, puesto que el sistema funciona de forma jerárquica, además de que dependencias como el gobierno del estado de Jalisco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no deben de permitir esta clase de actos.
De acuerdo con el académico del CUCSH, la misma Conatram podría demandar por todas las facturas hechas en su contra a las autoridades de Ocotlán por los cargos de abuso de poder, en el que serán acreedores a una sanción monetaria, además de la reparación del daño.
“Las consecuencias, es que primeramente pueden demandar al propio municipio, quien se siente afectado por una situación irregular, en este caso, sobre un abuso de autoridad y lo que cordialmente puede ser sujeto a una sanción que viene siendo más que nada económica al propio municipio”.
Añadió que las multas y los cargos correspondientes correrán a manos de las dependencias estatales, en este caso por la SCT, misma que deberá sancionar al impedir la libre circulación por territorio mexicano, además del cobro de todas las multas.
Por Iván Ochoa
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