Guadalajara, Jalisco. 

A cinco años de la brutal represión que sacudió a Jalisco los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, por la desaparición forzada de 80 jóvenes, no hubo reparación integral del daño ni garantías de no repetición, advirtió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Como sociedad no se sabe lo que realmente ocurrió ni la magnitud de la responsabilidad del estado; la represión de protesta social ha sido una práctica sistemática y arraigada en los últimos años, expuso en un comunicado.

Las y los jóvenes exigían justicia por la detección arbitraria y aun más, por la ejecución extrajudicial de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos mientras que la respuesta fue la brutal represión y criminalización de la protesta social.

El 4 de junio el estado detuvo a 28 personas, al día siguiente, el 5 de junio en una concentración en Fiscalía del Estado fueron desaparecidas 80 personas de manera forzada.

Las víctimas se han visto obligadas a iniciar un proceso jurídico que se ha prolongado y obstaculizado durante dos años, tiempo en el que el Estado ha mostrado su indolencia y cinismo al litigar en contra de las víctimas,

además desde 2023 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Gobierno Municipal de Guadalajara reinstalar el Antimonumento5J, lo cual nunca fue realizado.

• Al respecto, la lucha jurídica todavía continúa y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ahora deberá determinar sobre la reinstalación del Antimonumento5J.