Guadalajara, Jalisco.

Un miércoles de semana de pascua explotaron 11 kilómetros del sector Reforma.

Aún cuando las explosiones del 22 de abril de 1992 fueron responsabilidad y se convirtieron en el ocaso de un gobierno priísta, y luego tres sexenios más de administraciones panistas les quedaron mal a los sobrevivientes, Movimiento Ciudadano le teme a la verdad y ha rechazado al menos en dos ocasiones que se conforme una Comisión Especial encargada de llegar a ella.

Hoy la propia autoridad reconoce que tras esas explosiones en cadena el saldo fue de 225 muertos, según cifra actualizada y con base al registro Civil; 69 desaparecidos, un mil 800 lesionados, se destruyeron más de ocho kilómetros de calles, resultaron afectadas un mil 142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Se estima que los daños económicos alcanzaron los 10 millones de dólares.

También queda claro que nueve personas, entre ellas un ex alcalde de Guadalajara, tres funcionarios del SIAPA y 4 de PEMEX fueron procesados y luego absueltos, quedó claro que eran chivos expiatorios.

Hoy sabemos que las explosiones se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara en la colonia Álamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la Calzada Independencia. Eso provocó un sello hidráulico y posteriormente la gasolina encontró un punto de ignición iniciando la serie de explosiones. Revela un documento del gobierno federal.

Y aunque nos queda claro que PEMEX fue el responsable, aquí no ha habido ni siquiera una propuesta de una disculpa pública, ya no digamos una indemnización a los sobrevivientes.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el 11 de diciembre del 2000 emitió una primera recomendación, la 16/2000, y luego en el 2020 en un documento de 32 páginas concluyó que acorde a la gravedad de los hechos, era necesaria la conformación de la Comisión de la Verdad y Justicia para las Víctimas de las Explosiones del 22 de abril.

Esta tendría como objetivo principal contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones de derechos humanos cometidas el 22 de abril de 1992; fortalecer el proceso de paz sobre la base de la verdad;satisfacer el derecho al conocimiento de la verdad a efecto de contribuir a la no repetición de los hechos e nvestigar los posibles hechos delictivos a través de las autoridades competentes y apoyar en el proceso de Reparación Integral incluida la Compensación a las víctimas directas, indirectas y/o quiénes corresponda, entre otros.

Sin embargo, tal petición fue desoída por el actual gobierno.

Todavía los lesionados, que no podían escuchar estas palabras, buscaron al coordinador de la fracción de MC, Gerardo Quirino Velázquez, y por Whatsapp les respondió que asumía los argumentos de su diputado. Nunca les dio la cara. (AQUÍ VA EL DOCUMENTO “CHAT”)

Tres décadas después, queda claro que unos la provocaron; otros la solaparon y revictimizaron a las y los sobrevivientes, pero sobre todo hoy unos más pretenden convertirse en los encargados de sepultar la peor tragedia de la ciudad.