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Radio UdeG
Guadalajara, Jalisco
La estrafalaria etiqueta de “pensiones doradas”, que incluye a una decena de ex funcionarios públicos que ganan más que el gobernador, hasta ahora ha impedido ver una segunda capa que hoy queda al descubierto: las 214 pensiones que superan los 80 mil pesos mensuales y que representan más del 25% de todas las pensiones que son pagadas, mes a mes, desde el fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
De acuerdo con un informe que obtuvo este medio de comunicación, son 50 ex funcionarios de la Secretaría de Educación, 26 de la Secretaría la Hacienda Pública, 10 del municipio de Zapopan, ocho del ayuntamiento tapatío, ocho más del SIAPA, 11 del Poder Legislativo, 24 del Supremo Tribunal de Justicia, seis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cinco del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), 35 del Consejo de la Judicatura, entre otras entidades públicas que han aportado beneficiarios de dichas pensiones.
El documento señala que la suma de estas pensiones es de 23 millones 433 mil 489 pesos mensuales, que se destinan a 214 ex trabajadores. Entre ellos se cuenta a ex magistrados, ex consejeros de la judicatura y ex titulares de organismos públicos descentralizados; así como ex alcaldes y diputados que utilizan el mayor puesto de sus trayectorias laborales para solicitar la pensión más alta.
Estas “pensiones de plata” representan una cuarta parte del total de estas prestaciones que se pagan mes con mes desde el Fondo de los Pensionados, pues el IPEJAL eroga 86 millones de pesos para el pago de este derecho laboral cada 30 días. Sin embargo, el monto promedio de la pensión es de 19 mil pesos, lo que supone que existan algunas por debajo de la línea de la pobreza que maneja el Coneval.
Es más. De acuerdo con lo que publica el propio Instituto en su portal, existen tres mil 581 pensionados que reciben entre mil y cinco mil pesos mensuales, lo que podría considerarse como personas pensionadas en pobreza alimentaria, de acuerdo con los criterios de medición de la pobreza del Coneval.
Hoy, el Gobierno del Estado enfrenta una disyuntiva: el último estudio actuarial sobre las finanzas del Ipejal recomienda aumentar la cantidad de horas laboradas y el porcentaje de la cuota para el pago de los servicios que ofrece el Instituto.
Sin embargo, los trabajadores han salido a las calles y poco a poco se organizan ante lo que, consideran, podría ser un “albazo legislativo” como el que vivieron en 2009, fecha en que el Gobierno del Estado redujo los mecanismos de control para supervisar que el ahorro de los trabajadores no sea utilizado en inversiones riesgosas.
Y que, 13 años después de las reformas, han demostrado que fueron negocios fraudulentos por los que hoy existen personas indiciadas y llevadas a procesos penales.
