Guadalajara, Jalisco.

En Jalisco, en materia de derechos humanos “hay un retroceso”, al existir nulos avances en la promoción y defensa de las garantías de las personas, consideró la Red Jalisciense de Derechos Humanos, cuyo presidente, Óscar González Garí, enlistó 11 hechos graves sucedidos en 2018, entre ellos el trato indigno que dio el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a 444 cuerpos sin identificar, depositados en trailers.

Al presentar un informe en materia de derechos humanos en el estado, la Red Jalisciense habló de la ola de violencia y homicidios que se registra en la entidad y la existencia de fosas clandestinas.

“Hubo un retroceso porque el que no avanza, retrocede. No estamos avanzando en el ámbito de la educación en derechos humanos. No estamos avanzando en la organización, ni en la promoción de los derechos humanos y no estamos protegiendo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos”, dijo.

González Garí especificó que otra mala noticia registrada este año, es el regreso a la Fiscalía General del Estado (FGE), de Gerardo Octavio Solís Gómez, vinculado a casos de tortura cuando fue procurador de Justicia en los Gobiernos estatales panistas, sobre todo por la represión y tortura ejercida en contra de manifestantes altermundistas y ciudadanos en hechos registrados el 28 de mayo de 2004.

“La llegada del fiscal Octavio Solís, no es una señal que apunte en la línea del respeto a los derechos humanos, porque es un hombre que ha tenido relación con actos de tortura, de represión brutal; en 2004 él era procurador de Justicia del estado”, explicó.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos indicó que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha iniciado 367 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos por delitos de tortura y los equiparables.

Una buena noticia fue el anuncio hecho por el rector del ITESO, Luis Arriaga, sobre la próxima apertura de un Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos en el occidente del país.

Otro tema preocupante es el trato “inhumano y cruel” que dan las autoridades de los tres niveles de gobierno a familiares de los desaparecidos y de víctimas de feminicidio.