Guadalajara, Jalisco.

La violencia en el Estado no entiende de profesiones. En el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz, se han contabilizado 405 funcionarios públicos que perdieron la vida en diferentes hechos. La mayoría de ellos, 132 casos, fueron ejecutados por arma de fuego.

Apenas el día de ayer fue asesinado el alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, quien fue emboscado la madrugada de este domingo cuando regresaba de un velorio en un municipio colindante de Jalisco, en Michoacán.

A este caso se suma el asesinato del diputado Saúl Galindo Plazola, ocurrido el 28 de diciembre pasado, y quien fue asesinado en una brecha del municipio de Tomatlán, cuya zona regional era representada por el político emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el caso de Andrade Magaña, este es el segundo alcalde asesinado en la presente administración estatal. En 2014, el panista Manuel Gómez Torres fue asesinado en el municipio donde era el presidente del Ayuntamiento, que es Ayutla, municipio situado en la región de la Sierra de Amula.

Del total de funcionarios públicos a los que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) les ha hecho una autopsia, 132 personas fueron ultimadas con arma de fuego, 14 por arma de fuego, 12 fueron asesinados a golpes y cinco más por estrangulación.

De este gran total de funcionarios fallecidos, sólo 19 casos fueron muertes asociadas a un infarto. Por lo que no podría ser atribuible, totalmente, a un factor externo que haya causado la muerte.